Denuncian que hasta 90 plantas solares podrían sortear la moratoria del Govern en suelo rústico

La moratoria aprobada recientemente por el Govern para frenar la instalación de nuevos parques fotovoltaicos en suelo rústico no impedirá, en la práctica, la expansión de grandes plantas solares en Mallorca. Según denuncian entidades ecologistas como Renovables sí, però així no y Amics de la Vall de Coanegra, hasta 90 proyectos actualmente en tramitación podrán seguir adelante, ocupando más de 1.500 hectáreas de territorio porque la moratoria no tiene efectos retroactivos.

La medida, incluida en la Ley 4/2026 de medidas urgentes, establece una suspensión temporal de nuevos proyectos mientras se elabora una planificación energética y territorial de las renovables en las Islas. Sin embargo, la norma no tiene efectos retroactivos, por lo que deja fuera a todas aquellas iniciativas que ya disponían de permisos de acceso y conexión antes de su entrada en vigor.

Según las citadas asociacoines, decenas de centrales fotovoltaicas podrán seguir su tramitación administrativa con opciones reales de ser autorizadas. Muchas de ellas están proyectadas sobre suelo rústico productivo, actualmente destinado a actividades agrícolas o ganaderas, así como en zonas con valor paisajístico, patrimonial y ambiental.

De hecho, la aprobación de la moratoria ha coincidido en el tiempo con la autorización de nuevos proyectos. Es el caso de la agrupación fotovoltaica Casera y Bresca, en el término municipal de Santa Maria del Camí, una instalación de unas 10 hectáreas que contará con más de 16.000 paneles solares y una potencia cercana a los 9 megavatios. El proyecto se ubica en una finca con actividad agraria en el 70% de la parcela que ha recibido ayudas de la PAC y prevé incluso sistemas de almacenamiento energético mediante baterías de litio. La agrupación está ubicada en la finca Es Cabàs, a los pies de la Serra de Tramuntana.

Además, en el mismo municipio existen otros parques en tramitación y proyectos vinculados al almacenamiento energético, lo que refuerza la sensación, entre los colectivos críticos, de que el desarrollo de estas infraestructuras se está produciendo sin una planificación global clara.

Las entidades denuncian que, ante la falta de una ordenación territorial y energética definida, son las empresas promotoras las que están marcando el ritmo y la ubicación de los proyectos en función de su rentabilidad económica. Esta situación, aseguran, pone en riesgo la soberanía alimentaria, al afectar a terrenos fértiles, y puede provocar una transformación irreversible del paisaje rural mallorquín.

También critican que la moratoria llegue tarde y sea “insuficiente”, al no incluir los proyectos en curso ni establecer criterios claros inmediatos sobre dónde y cómo deben implantarse estas instalaciones. El Govern se ha dado un plazo máximo de dos años para definir esta planificación.

Otro de los puntos de conflicto es la falta de consenso institucional y social. Algunos ayuntamientos, como el de Santa Maria del Camí, han mostrado su rechazo a este tipo de proyectos en suelo rústico no vinculados al autoconsumo, presentando alegaciones que, según denuncian, no han sido tenidas en cuenta.

Ante esta situación, las plataformas reclaman una moratoria efectiva que incluya los expedientes en tramitación, así como un cambio de modelo energético basado en el ahorro, la eficiencia y la implantación de renovables en espacios ya urbanizados o degradados, como cubiertas de edificios o zonas industriales.

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