Indignación por una nueva barrera en el camí de sa Roca, símbolo de la lucha por las vías públicas en Manacor

Todo indica que el acceso al emblemático camino de sa Roca de Manacor se topará con un nuevo obstáculo. Diversas entidades que luchan por la apertura de las vías públicas usurpadas por propietarios de fincas privadas han denunciado la ejecución de unas obras en el camino que tienen el objetivo de instalar una nueva barrera para impedir el paso del público por un camino que en los últimos años se ha convertido en un símbolo de la lucha por el patrimonio colectivo en la capital del Llevant.

Estas organizaciones han exigido este viernes al Ayuntamiento la “paralización inmediata” de las obras de instalación de una nueva barrera y han lanzado duras críticas al equipo de gobierno formado por Més, PSOE y AIPC, y concretamente al alcalde Miquel Oliver (Més) y a la regidora de Urbanismo, Núria Hinojosa (PSOE), a quienes acusan de “prevaricar” y de “infringir” la ley de Caminos “de manera consciente y continuada” por falta de acción política.

El camí de sa Roca des Castellet forma parte de una de las excursiones más populares del municipio y está cerrado desde hace décadas por las barreras instaladas por propietarios de casas cercanas. El pasado 6 de abril, Segona Festa de Pasqua y tradicional día de sa Berena en Manacor, unas 800 personas protagonizaron una marcha reivindicativa para exigir la reapertura definitiva del histórico sendero, un éxito de convocatoria que, según las entidades, demuestra el “deseo” de los ciudadanos para recuperar este “camino tradicional” que pertenece a “todo el pueblo de Manacor”.

Una reapertura que, ahora, parece complicarse todavía más con el inicio de unas obras que han causado una gran indignación en las plataformas que desde hace años recopilan información para probar el carácter público del camino y que asisten con impotencia a la inactividad del Ayuntamiento.

De hecho, una vez comprobado que los trabajos que se ejecutan en el camino tienen el objetivo de instalar una nueva barrera, las entidades, entre las que figura la plataforma pro Camins y la organización ecologista Gadma, entre otras, han girado su mirada hacia el equipo de gobierno ‘manacorí’, al que acusan de “favorecer” los intereses de un particular en detrimento del interés general por no haber cumplido el compromiso de incluir el camino en el catálogo de caminos públicos de Manacor.

Las entidades denunciantes han pedido explicaciones al Ayuntamiento sobre este movimiento de tierras que supone un nuevo paso atrás en la lucha por la reapertura del camino de sa Roca. “La respuesta municipal ha sido que no se podía negar la autorización de estas obras porque el camino no estaba declarado como público”, indican. “Queremos recordar al alcalde Miquel Oliver y a la regidora Núria Hinojosa que un camino es público a pesar de que no esté incluido en el catálogo”, afirman antes de acusar a la institución municipal de “dejar de defender” los intereses de los ciudadanos a favor de un promotor privado.

Asimismo, señalan que, desde la aprobación de la ley de Caminos del Govern en el año 2018, el Ayuntamiento “tiene la obligación de poner al día el inventario de caminos públicos del municipio”, por lo que “está infringiendo la ley por dejadez”. Recuerdan que en 2019 el Consistorio aprobó un Plan General que no incluyó los caminos “con la excusa de que lo haría inmediatamente después de su aprobación y con un catálogo renovado y mejor elaborado”. No obstante, seis años después, “siguen infringiendo una ley aprobada por el Govern e impulsada por Més-Esquerra y PSOE”. Por contra, lejos de forzar la reapertura de caminos públicos, “se han seguido cerrando”.

Documentación extensa

La plataforma pro Camins de Manacor ha recopilado numerosos documentos que demostrarían la titularidad pública del camí de sa Roca y que están en manos del Ayuntamiento de Manacor después de haber sido cedidos por los investigadores con la idea de dar argumentos a la institución municipal para remar a favor de la reapertura del sendero. “Tanto Hinojosa como Oliver se comprometieron a ejecutar la recuperación de este camino, pero en lugar de ello favorecen todavía más su cierre con la excusa de que no lo pueden evitar”, denuncian las entidades, que aseguran que el Ayuntamiento sí podría evitarlo: “Si realmente han iniciado el proceso de recuperación, pueden no autorizar una obra”. Además, añaden, el camino ya ha sido objeto de "intervenciones públicas" por parte del Consistorio, lo que refuerza su condición de patrimonio comunitario.

Los defensores de los caminos recuerdan que llevan a cabo un “gran trabajo altruista”, invirtiendo “muchas horas” de su tiempo y dedicando su “espíritu de servicio público” para llevar a cabo un trabajo que “deberían hacer los ayuntamientos”.

Por ello, expresan su “completa decepción” con la situación actual y aseguran que se sienten “abandonados” y con una “sensación de impotencia” al comprobar el desinterés institucional hacia sus reivindicaciones. “Dirigir un ayuntamiento implica tomar decisiones políticas, si no es así para qué estáis”, preguntan a los responsables municipales.

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