La demolición de Monport, símbolo de la corrupción urbanística en Mallorca, a la espera de unas correcciones técnicas

El proyecto de demolición de las viviendas ilegales de la calle Ramat, en Monport, en el Port d’Andratx, se encuentra actualmente en fase de revisión técnica tras su reciente entrada en el Ayuntamiento. La documentación, remitida desde la conselleria de Vivienda del Govern, ha sido analizada en una primera instancia por la unidad municipal de supervisión de proyectos.

En esta revisión inicial se han detectado diversas deficiencias, principalmente relacionadas con la programación de las actuaciones y con otros aspectos técnicos que requieren corrección. Estas observaciones ya han sido trasladadas a los responsables del proyecto para su subsanación, según la información facilitada por el Ayuntamiento.

Una vez se corrijan estas cuestiones, el expediente podrá continuar su tramitación administrativa, avanzar hacia la supervisión definitiva y dar paso posteriormente a la licitación de las obras de demolición.

Resoluciones judiciales

El derribo de estos inmuebles forma parte de las actuaciones previstas por el Ayuntamiento de Andratx para dar cumplimiento a las resoluciones judiciales que afectan a esta promoción, compuesta por una treintena de viviendas construidas en suelo protegido.

El Consistorio aprobó recientemente una modificación de crédito de 11,7 millones de euros, de los que 5,5 millones se reservan para la demolición de los edificios y la posterior reordenación urbanística de la zona.

La promoción fue autorizada durante la etapa del exalcalde Eugenio Hidalgo, del PP, en un terreno que posteriormente fue declarado suelo rústico protegido, con la categoría de Área Rural de Interés Paisajístico.

Las obras fueron paralizadas en 2007, cuando los edificios estaban prácticamente terminados y algunos pisos ya se habían vendido sobre plano. La anulación de la licencia urbanística derivó en una larga tramitación judicial.

En el año 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó la condena al Ayuntamiento de Andratx por haber concedido una licencia para edificar en un solar protegido. La resolución obligó al Consistorio a indemnizar con 14 millones de euros a la promotora y a los propietarios que habían adquirido viviendas sobre plano.

Estefanía Gonzalvo

La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), lamentó en su momento que el Ayuntamiento tenga que asumir ahora «las consecuencias de decisiones adoptadas hace años» y de una forma de gestionar el urbanismo «que no fue la adecuada».

La alcaldesa andritxola defendió, no obstante, que el Consistorio tiene la obligación de cumplir las sentencias firmes y actuar para restituir la legalidad urbanística.

Fuentes municipales señalan que esta fase de revisión no altera la voluntad del Ayuntamiento de ejecutar el derribo, sino que forma parte del procedimiento previo necesario antes de sacar las obras a concurso.

El objetivo es que el proyecto llegue a la licitación con todas las garantías técnicas y administrativas, especialmente por la complejidad de una actuación que afecta a edificaciones inacabadas desde hace casi dos décadas y situadas en un entorno urbanísticamente sensible.

Cala Llamp

El derribo de Monport será una de las principales actuaciones urbanísticas pendientes en el municipio. En el año 2024, Andratx ya ejecutó la demolición de una docena de apartamentos ilegales en Cala Llamp, otro expediente vinculado a licencias concedidas durante el mandato del alcalde Eugenio Hidalgo y que también derivó en una larga tramitación judicial.

Ese año, una sentencia del TSJB declaró nula de pleno derecho la licencia de obras concedida en 2005 por la administración municipal presidida por Hidalgo, que fue condenado posteriormente a cuatro años de cárcel.

Al Consistorio le costó meses el iniciar estos trabajos de demolición, a la espera de una orden judicial definitiva que permitiese el acceso al recinto residencial. Finalmente el derribo se ejecutó, en medio de una gran expectación mediática.

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