PP y Vox de Llucmajor vetan el debate sobre Son Noguera pese a los indicios de ilegalidad

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Llucmajor, formado por PP, Vox y ASI, cerró filas en el pleno del miércoles en torno a la regidora de Urbanismo, María Inmaculada Pérez (PP), e impidió que se debatiera una moción de urgencia presentada por Llibertat Llucmajor en la que se reclamaba la firma «inmediata» del decreto de suspensión de las obras de urbanización que se ejecutan en el polígono de Son Noguera, «presuntamente contrarias al planeamiento urbanístico y a los informes técnicos y jurídicos emitidos por el Ayuntamiento» y objeto de investigación por parte de la Guardia Civil.

La propuesta instaba también a la alcaldía a incoar el procedimiento de restablecimiento de la legalidad urbanística en el área industrial y a reprobar públicamente a la concejala Pérez por permitir la continuidad de las obras del polígono a pesar de los diversos informes técnicos que advierten de la falta de licencia. Todos los partidos de la oposición, Llibertat Llucmajor, PSOE, Més y s’Ull apoyaron la inclusión de la moción en el orden del día, aunque finalmente no pudo debatirse al imponerse la mayoría del gobierno local.

Tal y como publicó este diario, en el pleno la regidora de Urbanismo se escudó en sus "dudas" para justificar que no ha firmado el decreto de suspensión de las obras y afirmó que uno de los informes constata que el proyecto se adecua al Plan Parcial del polígono. Al final de la sesión, el portavoz del PSOE, Jaume J. Oliver, acusó a Pérez de mentir porque "no existe ningún informe favorable" a la continuidad de las obras y de haberse "inventado" que el Ayuntamiento podría afrontar indemnizaciones millonarias "de entre 300 y 400 millones de euros" en caso de parar las obras. "¿Qué escondéis para no hacer caso, por una vez, a los técnicos de la casa?", reiteró.

Este jueves, tanto el PSOE como Llibertat Llucmajor han denunciado la actitud del equipo de gobierno en el pleno por la «falta total de explicaciones» ante la «grave» situación urbanística de las obras de ampliación del polígono, a pesar de que los informes elaborados por los funcionarios municipales advertían de la necesidad imperiosa de suspender el proyecto porque podría infringir de forma grave la Ley de Urbanismo de Balears por la falta de título habilitante.

En este sentido, el portavoz socialista señala que «es extremadamente grave que los técnicos municipales alerten reiteradamente de presuntas irregularidades urbanísticas mientras los responsables políticos no cumplen con la orden de paralización».

A su entender, ni la regidora Pérez ni la alcaldesa Xisca Lascolas, ambas del PP, siguen si dar respuesta a «preguntas esenciales» sobre la gestión del caso. El PSOE apela también al Govern y al Consell, que tampoco han aclarado «qué papel están jugando en este escándalo urbanístico». El silencio institucional «ya es insostenible», especialmente cuando «existen decretos de suspensión preparados, informes desfavorables reiterados y advertencias jurídicas muy graves, mientras las obras siguen avanzando», añade Oliver.

Por su parte, Llibertat Llucmajor ha denunciado este jueves la «actitud antidemocrática y profundamente irresponsable» del gobierno local durante el pleno al impedir el debate de su moción «tras dos semanas de informaciones gravísimas sobre unas obras faraónicas presuntamente ejecutadas sin licencia urbanística en vigor y después de que hayan trascendido informes técnicos y jurídicos municipales que advertían de la obligación legal de paralizar cautelarmente las actuaciones». La formación acusa a Lascolas y Pérez de «seguir escondidas», sin dar explicaciones.

El portavoz Alexandro Gaffar critica también la actitud de los socios de gobierno de la alcaldesa, que a pesar de admitir que no comparten la postura de mantener las obras sin paralizar, se han posicionado oficialmente con el PP votando en contra de debatir la moción. «Prefieren proteger al gobierno antes que defender la legalidad y la transparencia», señala.

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