El PP de Calvià tumba una propuesta de sus socios de Vox, que defendían la "prioridad nacional" en las ayudas públicas

El pleno del Ayuntamiento de Calvià rechazó esta semana una moción presentada por Vox para defender la denominada “prioridad nacional” en el acceso a ayudas sociales, vivienda y servicios públicos. La iniciativa no salió adelante por la abstención de sus socios del PP y el voto en contra del PSOE. Se trata de un nuevo choque en la coalición de gobierno, después de las polémicas por el centro para menores inmigrantes no acompañados y por la salida frustrada del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació.

La moción, defendida por la concejal de Vox Juana María Prats, planteaba también instar al Gobierno de España a repatriar a los inmigrantes que se encuentren en situación ilegal y promover la “remigración” de aquellos extranjeros que, según el texto, no contribuyan con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional.

El documento también proponía instar al Govern a garantizar la prioridad de los españoles en el acceso a la vivienda social y protegida, bonificaciones fiscales y ayudas relacionadas con la vivienda. Además, reclamaba revisar normas estatales sobre asistencia sanitaria, extranjería, prestaciones y justicia gratuita.

Durante el debate plenario, el concejal del PP Javier Tascón afirmó que su grupo comparte el rechazo a la regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno central, al considerar que genera un “efecto llamada” y que se ha tramitado sin coordinación ni recursos suficientes. No obstante, sostuvo que la moción de Vox sobre la “prioridad nacional” era “un eslogan” cuya aplicación sería inviable por incurrir, a su juicio, en discriminación por origen.

Tascón defendió una política migratoria “legal, ordenada y con capacidad de integración” y señaló que los derechos fundamentales son inherentes al ser humano. También indicó que el PP es partidario de exigir periodos mínimos de residencia para acceder a determinadas ayudas, como ya ha planteado en el caso de la vivienda protegida, pero rechazó las expulsiones colectivas y el concepto de “remigración” por considerarlos contrarios a la ley.

El PSOE, por su parte, rechazó frontalmente la moción. Su concejal Borja Martorell afirmó que la propuesta “reparte odio” y sostuvo que no debería permitirse un planteamiento así en el pleno. “Aquí no sobra nadie”, señaló durante su intervención, en la que acusó a Vox de defender una práctica de “apartheid” al pretender segregar por razón de origen o raza.

La concejal de Vox Juana María Prats respondió que “prioridad nacional no es odio ni racismo, es protección”. Según defendió, los representantes públicos deben orientar sus decisiones a procurar el bienestar de sus ciudadanos y aseguró que las propuestas de Vox son interpretadas de forma tergiversada por el resto de grupos.

"Efecto llamada"

El alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), intervino también en el debate para afirmar que el “efecto llamada” es “una realidad” y que la regularización planteada por el actual Gobierno central es “una barbaridad y una aberración”. Sin embargo, justificó la abstención del PP al señalar que su grupo no está alineado con los principios de Vox y destacó que Calvià es hoy lo que es también “gracias a la inmigración”.

Tras el pleno, Vox Calvià difundió un duro comunicado en el que lamentó que PP y PSOE impidieran la aprobación de la moción, acusándoles de estar "instalados en la corrección política y la ambigüedad". La formación criticó especialmente la abstención del PP y sostuvo que los populares retiraron en una sesión anterior una moción propia sobre inmigración ilegal antes de aceptar las enmiendas de Vox, que incluían medidas contra las regularizaciones masivas.

Esta formación política también denunció que el concejal Martorell llamó “nazi” a la edil Prats durante el debate.

Otros choques

El último choque entre ambos socios de gobierno en Calvià se produjo el mes pasado por el intento de abandonar el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una iniciativa que partió desde el área municipal de Servicios Sociales, controlada por Vox, pero que finalmente frustró el alcalde.

En aquel entonces, la formación de ultraderecha detalló que la medida, que suponía dejar de financiar con dinero público actividades de cooperación internacional, había sido acordada previamente con el PP, con el objetivo de dedicar esos fondos a programas sociales y asociaciones de ámbito municipal.

“El PP pactó con nosotros retirar esta financiación y ahora, con el alcalde a la cabeza, da marcha atrás sin explicación y sin consenso. Esto no es gestión, es traición a los ciudadanos de Calvià que nos votaron para gestionar sus impuestos”, llegó a afirmar Mas.

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