Radiografía de Son Font: lujo discreto, residentes extranjeros y batallas judiciales en Calvià vila

Si a un ciudadano mallorquín se le pregunta por las zonas inmobiliarias más exclusivas del Ponent de la isla, lo más probable es que mencione clásicos como el Port d’Andratx, Bendinat, Portals Nous, Nova Santa Ponça... A pocos se les ocurriría decir Son Font, en la parte alta de Calvià vila. Un sitio tranquilo en plena Serra de Tramuntana, con vistas al mar y que en las últimas décadas se ha consolidado como refugio exclusivo para extranjeros de diferentes nacionalidades. Un lugar donde las parcelas con derecho a edificación se venden por más de dos millones de euros, según anuncios inmobiliarios consultados por este diario.

Esa discreción y esa tranquilidad que envuelven el entorno no han impedido que hayan trascendido los conflictos internos en la entidad de conservación del núcleo, con una querella que se tramita en un juzgado de instrucción de Palma contra el presidente y que han presentado dos vecinos por supuestas irregularidades en la gestión, como informó este diario. Y ésta no es la primera denuncia que ha habido en los últimos años.

La singularidad de la zona viene determinada también por la idiosincrasia de esa entidad que gestiona el día a día . No es exactamente una comunidad de propietarios.

Es una organización que agrupa a los propietarios para asumir funciones de gestión, mantenimiento y representación urbanística del núcleo, siempre con la tutela última de la administración, aunque algunos residentes se quejan de que esta supervisión municipal no siempre se ha dado en los últimos años.

Para entender la singularidad del lugar, valga el siguiente dato: del mantenimiento de las carreteras que recorren la zona se encarga la propia entidad, que también lleva años trabajando en proyectos para habilitar un sistema de canalización de agua hacia la urbanización. Unos proyectos que no se han acabado de materializar para desesperación de algunos vecinos.

Plan especial

Desde el punto de vista urbanístico, está considerada como un área de asentamiento en paisaje de interés cuya regulación debe definirse en un plan especial. Su redacción y tramitación están pendientes desde hace años. El número de propietarios de Son Font asciende a 114, según datos ofrecidos por el presidente de la entidad, John Hughes, en su declaración judicial del pasado año. Fuentes vecinales cifran en «unas 60 ó 70» las casas que hay actualmente.

Hay parcelas sin edificar que, como se ha mencionado anteriormente, se cotizan alto en el mercado inmobiliario. La primera casa que se construyó en Son Font data de principios de la década de los setenta del siglo pasado. «Esto era el paraíso, todo era paz», explica un residente que lleva décadas viviendo en el lugar.

Con los años, la zona se desarrolló. Se construyeron más casas. Y vinieron nuevos propietarios. Hoy en día, la mayoría son extranjeros, de alto nivel económico. Abundan los ingleses y los alemanes.

En este contexto, las reuniones de propietarios, con tantas nacionalidades y diferentes idiomas, no siempre son fáciles de gestionar, apunta otra voz vecinal.

La creación de la denominada Asociación Entidad de Conservación del Núcleo Rural de Son Font marcó un hito en la historia de esta zona, para encauzar sus necesidades de gestión.

Carlos Enrique Alabern

Impulsada por Carlos Enrique Alabern, en 2006 se constituyó el primer consejo rector, como se explica en la querella que se tramita desde hace meses en el juzgado de instrucción número 9 de Palma. Prácticamente desde sus inicios, Hughes ha sido el presidente de esta entidad, siempre con el consenso de la junta y con la supervisión de una empresa auditora externa, según expuso en su declaración ante el juez.

Los tribunales dilucidaron también hace unos años el régimen administrativo de esos terrenos. La entidad de conservación planteó clasificar como urbano dicho núcleo rural, algo que desde el Ayuntamiento no se consideraba jurídicamente posible, por lo que lo descartó.

Con posterioridad, la entidad presentó un recurso de apelación en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma, que, en marzo de 2018, estimó parcialmente el recurso.

Sin embargo, el Ayuntamiento recurrió dicha sentencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Balears, que acabó dando la razón a la administración municipal.

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