Un conflicto vecinal agita el paraíso residencial de Son Font, en Calvià vila

El juzgado de instrucción número 9 de Palma tramita desde hace meses una querella presentada por dos vecinos de Son Font contra el presidente de la entidad de conservación de esta zona residencial de Calvià vila, por presuntos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal.

Los querellantes denuncian la falta de transparencia y la existencia de gastos sin justificar en la gestión de la denominada ‘entidad de conservación del núcleo rural de Son Font’, una zona de grandes casas donde abundan los residentes extranjeros.

Mientras, la defensa del presidente de este organismo, John Hughes, representado por la abogada Marta Rossell, rechaza las acusaciones y ha solicitado ya el archivo de la causa, con el argumento de que todas las decisiones adoptadas en esa entidad de la que forman parte 114 miembros han sido aprobadas previamente por la junta.

Fue a principios de este siglo cuando se constituyó la mencionada entidad de conservación de Son Font, con el objetivo de gestionar el día a día de esta urbanización y servir de interlocutor con el Ayuntamiento de Calvià.

Desde prácticamente sus inicios, el querellado ha ejercido de presidente, según consta en la querella presentada ante el juzgado de instrucción, en que se relatan una serie de supuestas irregularidades en su gestión, caracterizada, según denuncian estos dos vecinos, por la opacidad.

Los querellantes sostienen que, desde que él es presidente habría habido gastos de más de dos millones de euros, “con total falta de transparencia”, y mencionan como ejemplo de ello que tenga un sueldo que, según la información que aportan en su escrito, es de “34.700 euros al año más 13.000 euros correspondientes a gastos de Seguridad Social”.

Además, señalan que los presupuestos anuales de la entidad aumentan cada año “sin que los propietarios conozcan el destino del dinero en ningún momento”, al tiempo que advierten de las “elevadas cuotas de mantenimiento” bajo amenazas de embargo si no se abonan.

Declaración ante el juez

Como parte de la instrucción, en octubre del año pasado el presidente de la entidad declaró ante el juez y aseguró que los querellantes no abonan las cuotas correspondientes de la entidad de conservación de Son Font.

El querellado manifestó que él ha sido nombrado por la junta y no a dedo, al tiempo que informó de que la gestión económica de la entidad la lleva una empresa externa que es la que se encarga de la contabilidad. Según aseguró, él no puede hacer pagos, sino que los hace esa empresa contratada para tales menesteres.

Respecto al salario que recibe como presidente, declaró que está aprobado por la mayoría de vecinos en la junta anual y, sobre los gastos a los que aluden los querellantes, argumentó que son aprobados año tras año por una junta general.

Papel del Ayuntamiento

Por otro lado, la querella vecinal hace referencia también al papel del Ayuntamiento de Calvià, lamentando que los “actos de dudosa legalidad” en la gestión de la entidad de conservación “están siendo tolerados” por la administración municipal, a la que le corresponde una política de supervisión de esta entidad.

En su declaración en el juzgado, Hughes apuntó que la entidad manda una comunicación anualmente al Consistorio con las cuentas, presupuestos y auditorías. Y dijo que en cada reunión anual de la junta es obligatorio que haya un representante del Ayuntamiento.

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