El Govern tumba el macroparque solar de Son Verí de Marratxí por su elevado impacto

El Govern ha emitido una declaración de impacto ambiental desfavorable que supone, en la práctica, el rechazo de los proyectos fotovoltaicos Son Verí I y Son Verí II, promovidos en suelo rústico del municipio de Marratxí. La resolución de la directora general de Armonización Urbanística y Evaluación Ambiental, publicada este jueves en el Boib, concluye que ambas iniciativas generarían impactos críticos sobre el entorno natural y no cumplen con los requisitos exigidos por la normativa ambiental.

Se trata de una agrupación fotovoltaica presentada por una promotora con sede en Cádiz que había provocado una gran preocupación entre los vecinos de la zona, que habían alegado mediante la presentación de unas 1.500 firmas que la parcela rústica donde se proyectaban ambas instalaciones era una de las últimas zonas agrícolas y de garriga del municipio, así como de bosque de pinar característico del medio natural mediterráneo. El proyecto contempla la instalación de dos plantas industriales fotovoltaicas con una superficie de casi 20 hectáreas y casi 30.000 placas solares, con una línea de evacuación de energía de 1.700 metros de longitud.

Además, el Ayuntamiento de Marratxí también se había declarado en contra de este proyecto, que acumulaba otros informes desfavorables que finalmente han pesado más que dictámenes favorables como el lanzado por el Consell en mayo de 2024. Uno de los elementos determinantes en la decisión ha sido el informe negativo del Servicio de Protección de Especies, que alerta de que la ejecución de las plantas implicaría la eliminación de amplias zonas de pinar y garriga. Esta transformación supondría una pérdida directa de hábitats utilizados por especies protegidas para su alimentación, refugio y reproducción, provocando una alteración profunda y permanente del ecosistema.

Los técnicos también advierten de la afección a hábitats de interés comunitario, en concreto los matorrales termomediterráneos y los prados mediterráneos con gramíneas, este último considerado prioritario por la Unión Europea. La desaparición o degradación de estos espacios naturales se considera incompatible con su estado de conservación y con los compromisos ambientales vigentes.

En el plano legal, la resolución subraya que los proyectos vulneran lo establecido en la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que obliga a las administraciones a prevenir la contaminación y las perturbaciones que afecten a especies y hábitats, incluso fuera de la Red Natura 2000, cuando estas puedan tener efectos significativos.

Más allá del impacto ecológico, el Govern pone el foco en importantes carencias del estudio de impacto ambiental presentado por la promotora. Entre ellas, destaca la ausencia de un análisis riguroso de alternativas de ubicación, clave para justificar la ocupación de suelo rústico, así como la falta de evaluación de alternativas para el tendido eléctrico de evacuación.

Asimismo, se señala que no se han analizado adecuadamente los efectos de algunas medidas correctoras propuestas, como la implantación de una barrera vegetal de 15 metros de ancho para mitigar el impacto paisajístico, ni se ha justificado el cumplimiento de varios condicionantes ambientales recogidos en la normativa autonómica.

Otro aspecto especialmente crítico es la modificación introducida en uno de los proyectos durante la fase de alegaciones, que incorpora terrenos no incluidos en la fase de información pública. Esta circunstancia, según la resolución, ha impedido evaluar correctamente los impactos asociados y ha vulnerado los principios de transparencia y participación pública en el procedimiento.

Además, el informe concluye que la ejecución de las plantas supondría un cambio de uso de terrenos forestales consolidados, con una pérdida significativa de su funcionalidad ecológica, productiva y paisajística. En este sentido, se cuestiona que la ubicación elegida responda a un criterio de excepcionalidad, requisito indispensable para autorizar este tipo de instalaciones en suelo rústico. También destaca el “efecto acumulativo” con otros proyectos fotovoltaicos proyectados en Marratxí, que no habrían sido tenidos en cuenta en el estudio de incidencia paisajística.

Con todos estos argumentos, el Govern considera que los proyectos Son Verí I y II son ambientalmente inviables y no pueden ser autorizados. La declaración de impacto ambiental desfavorable no es recurrible de forma directa, aunque la promotora podría plantear acciones en vía administrativa o judicial en fases posteriores del procedimiento.

La decisión vuelve a evidenciar la tensión existente entre el desarrollo de energías renovables y la preservación del territorio en Balears, especialmente en zonas de alto valor ecológico, donde cada vez resulta más difícil compatibilizar ambos objetivos.

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