Amarristas y navegantes se alían en el Port d'Andratx para frenar el encarecimiento de los amarres

La situación en el Port d’Andratx ha encendido las alarmas entre los usuarios de embarcaciones de pequeña eslora. La Asociación de Amarristas de Andratx y la Asociación de Navegantes ADN Mediterráneo han decidido unir esfuerzos para buscar una solución conjunta ante el encarecimiento de los amarres, que afecta a cerca de un centenar de propietarios, en su mayoría mallorquines.

Los presidentes de ambas entidades, Toni Oliver y Lorenzo Pons, mantuvieron una reunión el pasado jueves 14 de mayo con el objetivo de coordinar acciones y diseñar una propuesta que permita dar respuesta a corto plazo a los afectados. La problemática surge tras una reciente sentencia del Tribunal Supremo que devuelve la explotación del dominio público marítimo-terrestre a la empresa IP3M.

Este cambio ha implicado que la actual concesionaria, Marina Port d’Andratx, haya dejado de considerar a estos usuarios como amarristas de base para pasar a tratarlos como transeúntes, lo que conlleva un incremento muy significativo en las tarifas. Según denuncian los afectados, algunos han pasado de pagar menos de 200 euros mensuales a recibir propuestas cercanas a los 1.300 euros, una subida que consideran inasumible y que pone en riesgo la continuidad de la náutica local.

Ante este escenario, la Asociación de Amarristas de Andratx está elaborando un listado detallado de las embarcaciones afectadas para dimensionar el problema y avanzar en una solución. Además, ya se han mantenido reuniones tanto con la marina como con el Club de Vela de Andratx y PortsIB, en el marco de las negociaciones abiertas.

Desde la entidad consideran que es PortsIB, como administración responsable, quien debe liderar una respuesta inmediata. En este sentido, Toni Oliver ha señalado que han presentado una propuesta “razonable y temporal” que permitiría dar cobertura a los amarristas mientras se licitan los pantalanes pendientes.

Por su parte, Lorenzo Pons ha advertido de que este caso refleja una tendencia preocupante en Balears hacia la pérdida de espacios vinculados a la náutica social. El presidente de ADN Mediterráneo ha recordado precedentes como el del Club Náutico de Ibiza, que perdió su concesión, o la situación vivida por el Real Club Náutico de Palma, que estuvo cerca de atravesar dificultades similares.

Pons ha insistido en que la responsabilidad no recae únicamente en el ámbito político, sino también en las instituciones y equipos técnicos, a quienes insta a explorar vías que permitan preservar el arraigo social de los puertos. “No podemos venderlo todo. Debemos priorizar los usos sociales, especialmente en nuestro litoral”, ha subrayado.

Ambas asociaciones coinciden en la necesidad de impulsar una solución consensuada y urgente que garantice el acceso de la ciudadanía al mar, al tiempo que reclaman una reflexión más profunda sobre el modelo portuario en las islas. Advierten, además, de que si no se actúa, los puertos podrían convertirse en espacios cada vez más inaccesibles para la población local, reservados únicamente a usuarios con alto poder adquisitivo. “Si no se actúa con valentía, nuestros puertos acabarán siendo de uso exclusivo para grandes fortunas extranjeras. Dejaremos de ver llaüts pescando calamares o raors como venían haciendo nuestros abuelos, y los ciudadanos de las islas solo podremos contemplar el mar desde la playa”, añade Pons.

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