Investigan irregularidades en las obras de urbanización del polígono de Llucmajor

Las obras del urbanización del polígono de Son Noguera, en Llucmajor, están bajo sospecha. La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en la dotación de servicios y otros trabajos de puesta a punto en esta zona industrial del municipio, también conocida como Son Fosquet. Agentes acudieron ayer al ayuntamiento llucmajorer en busca de documentación sobre este proyecto. En paralelo, tomaron declaración durante varias horas a varios funcionarios municipales. Se investiga también por qué la concejala de Urbanismo, María Inmaculada Pérez (PP), no ha ejecutado una orden de paralización de las obras dictada en marzo por los técnicos de su departamento, por incumplir supuestamente la legalidad urbanística. De momento no hay detenidos por esta investigación.

En Son Noguera se están ejecutando obras centradas en la construcción de aceras, instalación del alumbrado público o las conducciones de agua para que en un futuro los solares puedan albergar naves industriales. Los trabajos empezaron en diciembre de 2025 pero, según fuentes de la investigación, no tendrían el título urbanístico habilitante porque la licencia concedida data de 2009. A lo largo de todos estos años los criterios jurídicos han ido variando por lo que con la actual normativa municipal a día de hoy no se podría urbanizar con un proyecto de 2009 sin cambios. Hay informes técnicos y jurídicos contrarios a las obras desde hace unos meses. De hecho, según fuentes del caso en marzo se puso encima de la mesa de la regidora del PP de Urbanismo, María Inmaculada Pérez, el decreto para paralizar las obras y aún no lo ha firmado.

Ayer viernes intervino la Guardia Civil, que tomó declaración como testigos a técnicos y personal de los servicios jurídicos municipales, en las dependencias de la Comandancia de Palma. Por la mañana los agentes acudieron a inspeccionar las obras que llevan ejecutándose desde diciembre en el polígono y también al Ayuntamiento de Llucmajor, donde se entrevistaron con los técnicos municipales. Uno de los puntos primordiales sobre los que versa la investigación afecta a la regidora del PP, por no firmar el decreto de paralización de las obras que al parecer tiene desde hace más de dos meses. La concejala habría justificado su negativa en que cuenta con otros informes en sentido contrario, que no habría hecho públicos.

Aplicar los criterios técnicos y jurídicos supondría dilatar más en el tiempo la urbanización del polígono, ya que el Ayuntamiento tendría realizar un nuevo proyecto de urbanización además de superar tramitaciones ambientales. Todo ello implicaría demorar aún más las obras que se están haciendo ahora con una licencia concedida hace 16 años.

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