Alcúdia admite que incumple adrede las reglas fiscales: «Son injustas y sanguinarias»

El pleno ordinario celebrado este jueves en Alcúdia ha aprobado una modificación de crédito que implica movilizar 28 millones de euros del remanente para ejecutar diferentes inversiones este año, entre las que figura la compra de diversos inmuebles y parcelas en el ámbito de la zona arqueológica de Pollentia y de fincas para habilitar aparcamientos, a pesar de los informes técnicos en contra que alertan del incumplimiento de las reglas fiscales y el plan económico financiero aprobado por la propia institución en 2025. Ante las críticas de la oposición, el regidor de Hacienda Juan González, del PP, ha admitido la irregularidad: «Claro que incumplimos las normas fiscales, porque no son justas y son sanguinarias para Alcúdia», municipio que «no se merece esto».

González ha afirmado que actualmente el Ayuntamiento acumula un remanente de 117 millones de euros en los bancos que no puede invertir por las citadas reglas fiscales. «Es dinero procede de los impuestos de los vecinos y no podemos hacer nada», ha incidido el regidor en una de las quejas recurrentes de los últimos años en el municipio ‘alcudienc’ por la gran cantidad de dinero inmovilizado que mantiene en las entidades bancarias. El responsable de la economía municipal ha afirmado también que el de Alcúdia «es el Ayuntamiento más rico de España, en proporción», por lo que es «un caso único».

La propuesta ha sido muy criticada por la oposición. La portavoz socialista, Bàrbara Rebassa, ha calificado de «decisión política irresponsable» la modificación de crédito por un montante de 28 millones de euros y ha añadido que «es fruto de la falta de planificación». Rebassa ha añadido que la decisión municipal «es grave» porque, además, tiene informes técnicos «muy claros» en contra y ha vaticinado que el equipo de gobierno no invertirá esta cantidad de dinero este año: «Es propaganda y postureo político a un año de las elecciones».

Por su parte, Més ha denunciado también la «falta de planificación» del equipo de gobierno con esta medida que implicará «rehacer todo el presupuesto municipal». «Es grave porque asumiremos más gastos sabiendo que deberemos aplicar medidas correctoras y porque ponemos en peligro la estabilidad presupuestaria», ha añadido la formación ecosoberanista.

Unides Podem, por contra, ha anunciado que votaría a favor por la «necesidad de ejecutar inversiones», aunque ha reclamado más información sobre los gastos previstos.

El regidor Juan González (PP) ha replicado que la medida municipal tiene el objetivo de «poner dinero del remanente a las áreas municipales para ejecutar inversiones» y ha subrayado que «no es ilegal», si bien ha admitido que «tiene un riesgo».

En una segunda intervención, los socialistas han admitido también que «el dinero debería estar en la calle y no en los bancos» y se han mostrado a favor de «derogar» la regla de gasto, però «la diferencia con el PP es que nosotros cumplimos la ley y ustedes no, si no les gusta una ley la ignoran».

Tarifa del agua

El pleno ha aprobado también una subida de las tarifas del agua en torno al 25,9 por ciento, una decisión que también ha contado con el voto en contra de la oposición. En este sentido, Rebassa (PSOE), si bien ha admitido que los precios no se modifican desde el año 2012, ha cuestionado si este es el momento adecuado para incrementar las tarifas del agua corriente «en un contexto de guerra en Irán y de subida generalizada de precios».

González (PP) ha argumentado el incremento en las «pérdidas» que acumula la empresa concesionaria y en el «derecho» que tiene esta entidad de «trabajar sin perder dinero». Además, ha señalado que las familias que consumen cantidades «normales» de agua, que ha cifrado en torno a las 10 toneladas mensuales, no se verán afectadas por el incremento de precio porque el primer tramo de la factura no se modificará, por lo que pagarán más quienes más consuman.

Por otra parte, el pleno ha rechazado una moción de Vox sobre la «prioridad nacional», apoyada solamente por el único edil de la formación ultraderechista que queda en el pleno, que ha defendido la propuesta para priorizar a la «gente de aquí». Desde la oposición se ha calificado la moción de «xenófoba y racista».

El PP ha apoyado solamente algunos puntos de la propuesta que igualmente no han prosperado por el voto en contra del resto de la corporación, incluidos los dos regidores que consiguieron el acta tras presentarse a las elecciones con Vox y que actualmente son ediles no adscritos.

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