Dueños de pequeños barcos acusan al Govern de expulsarlos del Port d’Andratx: «Pagaba menos de 200 euros al mes y ahora me piden 1.300»

«Con el mar va a pasar lo mismo que con la vivienda, nos están expulsando a los mallorquines para llenar el Port d’Andratx de extranjeros». La gentrificación ha llegado hasta el litoral mallorquín y los propietarios de pequeñas embarcaciones del puerto andritxol se han revuelto para intentar frenar su exclusión.

Ante la amenaza del exilio, varios usuarios han creado la Associació d’Usuaris i Amarristes del Port d’Andratx, que acusa a Ports de les Illes Balears (Ports IB), organismo dependiente del Govern, de facilitar su expulsión al no poner freno a las subidas de precios de IP3M, la nueva concesionaria del puerto.

Tras una turbulenta batalla judicial que se remonta a 2003, IP3M ha asumido definitivamente la concesión del puerto, que hasta ahora había sido gestionado por el Club de Vela Port d’Andratx desde 1968. Con el cambio de gestión, varias embarcaciones que durante años habían sido consideradas de base han pasado a clasificarse como transeúntes, lo que ha provocado incrementos de hasta el 600% en el precio de los amarres.

«Antes pagaba menos de 200 euros al mes en temporada baja y ahora me lo han subido a 1.300. Llevo ocho años aquí», denuncia Pau Herrera.

Herrera se define como «un currante» y asegura que apenas gasta en combustible porque tiene un velero: «La gente piensa que todos los que tenemos barco somos ricos, pero no es así. Hay coches de segunda mano que cuestan más».

La medida afecta alrededor de medio centenar de embarcaciones. Los amarristas critican además las formas de la empresa, que les ha comunicado los cambios con apenas 20 días de antelación en vísperas del verano, cuando encontrar un amarre en Mallorca es misión imposible.

«Alguien que paga 3.000 euros y ahora tiene que pagar 5.000 quizá no lo note, pero a nosotros nos expulsan», explica Javier Carvajal, otro de los afectados, al que tras 11 años en el puerto le han aplicado una subida del 500%.

La asociación plantea distintas propuestas a la administración, desde la más radical, que consiste en revocar la concesión y pagar la indemnización a IP3M, hasta la vía de la negociación.

«Hay una zona de casi 200 amarres que ha de salir a concesión. Mientras se licita y se decide quién la gestiona, se podría reducir el canon a IP3M y mantener los precios para los afectados hasta que el proceso esté cerrado», explica Toni Oliver, uno de los portavoces de la nueva asociación de amarristas.

Además, proponen que en las bases de la nueva concesión se establezca que la gestión corresponda al Club de Vela, a través de una entidad sin ánimo de lucro, como una marina social, con embarcaciones de hasta 12 metros y precios más asequibles.

«El Club de Vela siempre tuvo una sensibilidad especial hacia los mallorquines y los locales que, evidentemente, la nueva concesionaria no tiene, y siempre se hizo lo posible para reservar un hueco a los residentes», apunta Oliver.

La asociación no descarta acudir a los tribunales por lo que consideran un atropello.

«Al final, el trasfondo es que yo pagaba 270 euros al mes y ahora me piden 1.300 por un llaüt. Todos nos tendremos que ir porque no podemos pagar. Expulsan a los que pescamos raons y calamares para poner lanchas y barcos extranjeros; nos harán desaparecer», denuncia Javier Truyol.

Además, desde la asociación denuncian que el Govern facilita la situación a IP3M en lugar de ponerle trabas.

«Ports IB e IP3M llegaron a un acuerdo para reducir el canon durante tres años, porque los costes salariales de la instalación son superiores a los de otras concesiones. Les han bajado el canon, todo son facilidades», critican.

Según los afectados, el Govern ha ido adoptando decisiones cada vez más favorables a la empresa concesionaria.

Sobre el punto concreto de la reforma del canon, el Govern no responde y se desentiende del conflicto. Asimismo, desde la Administración recuerdan que, en caso de discrepancia, los usuarios pueden acudir a la vía judicial.

Según la administración, la clasificación entre ‘base’ y ‘transeúnte’ no la ha realizado Ports IB, sino el Club de Vela a partir de la información aportada.

En cuanto a las tarifas, el Govern defiende que las aplica el concesionario dentro del marco de la concesión y que han sido revisadas, siendo equiparables a las de otras instalaciones similares, como los clubes náuticos de la bahía de Palma.

Este diario no ha podido contactar con IP3M. Una empresa vinculada a la figura de Joan Verger, expresidente de la Autoridad Portuaria y del Consell de Mallorca con el Partido Popular, fallecido en 2013 antes de ser juzgado en el caso Mar Blau (o caso Puertos). Verger fue socio de IP3M, aunque vendió sus acciones en 2003 al ser nombrado presidente de la APB.

Historia de la concesión

La historia de cómo IP3M se convirtió en la nueva concesionaria del puerto se remonta a 2002, en un proceso que ha atravesado distintos gobiernos de diferentes colores políticos. Ese año finalizó la concesión del Club de Vela tras 34 años y se sacó la gestión de la instalación a concurso.

Durante el Pacte de Progrés, el entonces director general de Litoral, Onofre Rullán, y la consellera Margalida Rosselló adjudicaron la concesión a IP3M, lo que marcó el inicio del conflicto. Sin embargo, apenas un mes después se celebraron elecciones autonómicas y Jaume Matas volvió al poder. El concurso no llegó a cerrarse formalmente, ya que la concesión nunca se llegó a firmar.

En 2005, la nueva Ley de Puertos de Baleares reconoció el derecho de prórroga al Club de Vela. El problema, según el relato judicial, es que Ports IB no resolvió las alegaciones presentadas por los licitadores ni anuló el concurso, lo que mantuvo abierto el conflicto durante años. Finalmente, en 2017 el Tribunal Supremo falló a favor de IP3M, al considerar que tenía derecho a la concesión del puerto, ya que la adjudicación anterior no se ajustaba al ordenamiento jurídico. En 2026 se culmina definitivamente el proceso con la confirmación de la concesión.

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