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Lletra menuda

El PP usa a Vox para blanquear la permisividad

El campo de polo de sa Barralina de Campos, foco de polémica.

El campo de polo de sa Barralina de Campos, foco de polémica. / DM

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Cuando puede consolidarse la posibilidad de sancionar con hasta 400.000 euros las «infracciones muy graves» cometidas mediante la realización de obras y actividades deportivas en suelo rústico de máxima protección, pero, al mismo tiempo, resulta imposible paralizarlas porque alguien se ha adelantado por la tangente y ha atado su legalización con un proceso parlamentario y decreto viciados, queda claro que el sistema adolece de lagunas importantes. Explicándolo de modo más tolerante se puede decir que peca de una exceso de generosidad que permite introducir en él herramientas capaces de manipularlo y adulterarlo a conveniencia de intereses casi siempre económicos.

Una década de incidencias, descaros y arrogancias en el conjunto de fincas del campo de polo de sa Barrala de Campos dan para una narrativa difícil de homologar con la legalidad y la honestidad, pero tampoco hace falta adentrarse en sus detalles porque los últimos episodios son claramente inequívocos. El PP deja un mensaje diáfano: haz lo que quieras, cualquier cosa que te convenga, que yo puedo arreglártelo y después, si hace falta, dar cuatro gritos insustanciales a la oposición para espantarla con voz presidencial en sede parlamentaria.

El Govern cuenta con instrumento fundamental para blanquear su política de permisividades. Se llama Vox. La extrema derecha, también extrema desprotectora, con pretexto de soporte parlamentario, aprovecha una enmienda a la ley de macrogranjas para introducir la legalización del campo de polo de sa Barralina. Ya me dirán qué tiene que ver una cosa con la otra, más allá de la operación de camuflaje tendente a aparentar que lo insostenible parezca normal.

Caben todas las interpretaciones y posibilidades, incluida la sospecha de Més en el sentido de que el campo de polo legal en espacio ilegalizable forma parte de un paquete más amplio de desprotección de es Trenc. El «capfico» que ha pretendido dar la presidenta Prohens al asunto, usando el trampolín del Parlament, no contribuye a aclarar las cosas. Más bien, incrementa la desconfianza.

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