Lletra menuda
Un plan de choque accidentado
El alcalde de Santa Margalida, Martí Torres, y el conseller José Luis Mateo, durante el acto de entrega de las llaves. / Caib
llorenç riera
Dentro de una normalidad que ahora mismo solo puede considerarse hipotética o deseable, un año de demora en la entrega de una vivienda de promoción pública debe considerarse una incidencia grave que, cuando menos, obliga a la revisión consecuente de lo ocurrido. Si tal tardanza, como ha ocurrido en el caso de la promoción puesta a disposición de los inquilinos ayer en Santa Margalida, se produce en el contexto actual de carencia acentuada de vivienda, se entra directamente en crisis personales y administrativas no exentas de repercusión social. De hecho, así ha sido. Todavía resuenan los ecos de las quejas de los perjudicados en primera persona por el retraso acumulado.
También las denuncias políticas por la misma causa que no han espoleado en absoluto al Govern pese a haber actualizado en sede parlamentaria los plazos de ejecución de las viviendas alquiladas, al fin, en Santa Margalida.
La experiencia va demostrando que los pisos de promoción pública prácticamente nunca se entregan en tiempo y forma en Mallorca. Fallan los cálculos y las posibilidades, lo cual, ni más ni menos, viene a significar que el sentido de la realidad anda de capa caída en los despachos oficiales. De este modo, el plan de choque del Govern para la vivienda de promoción oficial deriva más bien en un plan accidentado sujeto a reparación insuficiente.
Conviene revisar la mecánica del asunto porque la demanda habitacional está lejos de estabilizarse. Las 1.200 viviendas de asignación pública que ahora mismo tiene en distinto estado de tramitación el Ejecutivo autonómico deben sacudirse las penurias que han atravesado estas últimas de Santa Margalida. Seis años para una promoción de una decena de hogares, desde la adjudicación del proyecto básico hasta la entrega de llaves, se antoja un periodo excesivo dentro del contexto actual.
Es así aún dando por asumido que toda obra está abocada a afrontar imprevistos y dificultades sobrevenidas que se van presentando a lo largo de su ejecución. Govern y ayuntamientos no pueden sumar a ello retrasos propios.
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