Més vincula la legalización del campo de polo con la posible desprotección de es Trenc

El grupo parlamentario de Més per Mallorca ha vinculado este martes en el Parlament la legalización en 2025 del campo de polo de sa Barralina de Campos por parte del PP a partir de una enmienda de Vox a la ley de Macrogranjas con los recientes movimientos del Govern para “rebajar la protección” del parque natural de es Trenc.

Durante una pregunta parlamentaria dirigida a la presidenta Marga Prohens, el portavoz de Més per Mallorca en el Parlament, Lluís Apesteguia, ha denunciado que el PP ha presentado una nueva enmienda al decreto ley de Proyectos Estratégicos que “pretende asimilar la normativa propia sobre chiringuitos a la normativa española, que es mucho más laxa”. Esta enmienda se suma a la ya denunciada hace unos días por los ecosoberanistas y que da vía libre a modificar la ley de creación del parque natural de es Trenc-Salobrar de Campos mediante un decreto. Ambos movimientos llevan a sospechar a Més que se pretende reducir el nivel actual de protección del parque natural del Migjorn.

Apesteguia se ha referido a la sanción de 400.000 euros impuesta por el Consell al campo de polo de sa Barralina por la ejecución de obras sin licencia y por llevar a cabo la actividad deportiva en suelo rústico de máxima protección sin el título habilitante.

En este sentido, ha recordado que la promotora del campo de polo había presentado en 2023 un recurso contencioso ante el TSJB contra el decreto de aprobación del PORN de es Trenc-Salobrar de Campos y que, al igual que el resto de empresarios que habían recurrido, retiró el contencioso tras haberse reunido con la presidenta Prohens. Més insinuó hace unos días que la posible desprotección de es Trenc es un “compromiso” de Prohens con empresarios de Campos que se oponen desde hace años a la protección del arenal virgen.

Por ello, la formación ecosoberanista cree que la legalización del campo de polo formaría parte de estos presuntos favores del Govern de Prohens al empresariado local. “Con estos antecedentes, con estos beneficiados tan poco edificantes y tan edificadores, ¿cómo quiere que estemos tranquilos?”, ha preguntado Apesteguia en sede parlamentaria.

Por su parte, Marga Prohens ha ironizado con que sus únicas intenciones en relación es Trenc son “ir a pegar un ‘capfico’ si la agenda me lo permite”, ha afirmado entre los aplausos de la bancada popular. Después, la presidenta del Govern ha asegurado que es Trenc no será desprotegido y ha calificado de “bulo” las afirmaciones de Més en este sentido. “Hicieron campaña basándose en el discurso del miedo, que nadie se creyó, y ahora, después de tres años, se ha visto que era falso; no encuentran temas para hacer oposición y se los inventan”, ha señalado.

Para justificar la primera enmienda denunciada por Més, Prohens ha añadido que “todos los parques naturales están regulados por decretos, incluso el parque nacional de Cabrera” y que la propia Ley para la Conservación de los espacios de relevancia ambiental (LECO) “establece que los instrumentos de planificación deben hacerse por decreto”.

"Impunidad y urbanismo a la carta"

Més per Mallorca, partido que hace unos años denunció las irregularidades del campo de polo de Campos que ahora han desembocado en la sanción de 400.000 euros por parte de la Agència de Defensa del Territori (ADT) del Consell de Mallorca, ha denunciado también este martes mediante una nota que la amnistía urbanística del PP que legalizó la instalación urbanística «consolida graves ilegalidades en suelo rústico protegido» como la del campo de polo de sa Barralina.

La formación añade que este caso «ejemplifica el modelo territorial del PP, basado en la permisividad y en un urbanismo a la carta que favorece a intereses privados en detrimento de la protección del territorio». A su entender, el mensaje «es inequívoco: incumplir la ley puede salir a cuenta si después se puede regularizar la situación y rebajar la sanción».

En este sentido, el portavoz adjunto de Més en el Consell, Joan Llodrà, recuerda que la sanción «es fruto de la denuncia de Més», però lamenta que este expediente queda «desvirtuado» por las decisiones políticas del PP, que «han abierto la puerta a una amnistía encubierta que premia a los infractores». Llodrà destaca que la ADT «cumple con su función y acredita infracciones muy graves», pero critica que el Govern del PP «habilita mecanismos para legalizarlas y reducir las consecuencias», lo que es una «contradicción» que «debilita gravemente la disciplina urbanística».

Por su parte, el GOB también denuncia que el caso del campo de polo de Campos es un «ejemplo máximo de impunidad y urbanismo a la carta». El grupo ecologista recuerda que el caso «viene de lejos» y que la actividad del polo «ya había sido prohibida y precintada en 2017», pero en 2024 la actividad se reinició, lo que provocó la obertura del expediente que ahora se ha resuelto con la sanción de 400.000 euros.

No obstante, un cambio de ley impulsado por el PP acabó legalizando la instalación en 2025. Como consecuencia de ello, la actividad «ya no se puede parar» a pesar de las multas por infracciones muy graves. Pese a que la ADT ha confirmado estas irregularidades por obras y usos sin licencia en una zona de máxima protección, «el propio organismo reconoce que la actividad se ha podido legalizar por ministerio de la ley», denuncia el GOB.

«Nos encontramos ante un caso paradigmático de urbanismo a la carta, en el que primero se vulnera la normativa y después se modifica la ley para hacerlo legal», añade el grupo ecologista, que insiste en que el caso es «especialmente grave», porque la actividad «queda consolidada en suelo rústico de máxima protección, junto a un espacio tan sensible como Es Trenc». Como Més, el GOB también destaca el «mensaje muy peligroso» que se da a la ciudadanía: «infringir la normativa puede salir a cuenta si posteriormente se consigue una cobertura legal».

El GOB exige al Consell y al Govern que «pongan fin a estas prácticas y garanticen que la normativa urbanística no se modifique al servicio de intereses particulares», ya que este precedente «debilita gravemente la disciplina urbanística y la protección del territorio».

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