Avalancha de alegaciones a una Ley de la Serra de Tramuntana que agita el debate territorial

El gran interés que ha despertado entre la sociedad mallorquina el anteproyecto de la Ley de la Serra de Tramuntana ha quedado patente en la inmensa cantidad de alegaciones que se han presentado desde entidades ciudadanas, grupos ecologistas, ayuntamientos y partidos políticos. Todos han querido aportar su granito de arena para mejorar un texto en el que confluyen intereses encontrados. Para los sectores más progresistas, está hecho a medida de los grandes propietarios y al dictado de la ultraderecha. Desde los conservadores que han elaborado la norma, es un ejemplo de consenso y de equilibrio entre el disfrute general y el derecho a la propiedad privada.

La entidad cívica Dret de Pas, constituida recientemente por parte de usuarios de la Serra de Tramuntana, ha presentado este miércoles el listado de alegaciones al anteproyecto legislativo, apoyado por más de 3.300 firmas ciudadanas.

La defensa de los caminos públicos es uno de los principales caballos de batalla de esta asociación, en la que el sector excursionista y ciclista tiene un peso importante. Dret de Pas expresa en las alegaciones su preocupación por la posibilidad de “limitar el acceso” a los caminos comunitarios, condicionándolo a autorizaciones expresas por parte de los propietarios. En este sentido, exigen que se garantice el derecho de paso y el acceso al territorio. Conscientes de que la Serra es en su mayor parte propiedad privada, la entidad considera que si el acceso queda condicionado a las autorizaciones individuales, “en la práctica muchos lugares dejarán de ser accesibles”, lo que califican de “inaceptable”.

Dret de Pas pone el foco en lo que considera un “elemento clave”: los catálogos de caminos, porque determinarán “qué es público y qué no lo es”. “Si no se hace bien, puede suponer que caminos que hoy se utilizan queden fuera y acaben cerrados”, apuntan, por lo que piden “rigor, transparencia y garantías reales”.

También denuncian la existencia de “un problema que ley ignora”: la existencia de centenares de caminos públicos “parcialmente usurpados”. Creen que, antes de restringir el acceso, “debería recuperarse lo que es público”.

La entidad rechaza un modelo basado en la prohibición general. “El proyecto plantea limitar actividades como la bicicleta de montaña sin aportar estudios técnicos que lo justifiquen”, denuncian. Son partidarios de “regular antes que prohibir” y de adoptar decisiones “basadas en datos”. Las limitaciones, a su entender, solo deben aplicarse si están plenamente justificadas.

Por último, Dret de Pas quiere dejar claro que su trabajo “no termina aquí” y que se mantendrá vigilante durante todo el proceso de elaboración de la ley y “especialmente” en lo relativo al desarrollo de los catálogos de caminos. “La Serra es un paisaje cultural vivo, y protegerla no puede querer decir alejarla de la gente, sino gestionarla mejor”, concluyen.

Por su parte, el GOB también ha presentado alegaciones en las que, aunque reconoce la necesidad de la norma, advierte de importantes carencias. La entidad considera que el texto es poco concreto y prioriza intereses privados sobre el interés público. También critica la falta de participación real en la gobernanza, un plan de gestión insuficientemente definido y la ausencia de herramientas clave como un sistema de indicadores.

El grupo ecologista también alerta del riesgo de abandono de la actividad agraria, esencial para mantener el paisaje, y señala al turismo masivo como principal problema no abordado, reclamando límites a la afluencia y a la oferta. Además, rechaza medidas como exigir permisos de propietarios para el senderismo o restringir el acceso por motivos de caza, al considerar que generan conflictos y van en contra del uso público del territorio.

Dos meses de participación y reuniones

El Consell de Mallorca ha destacado este miércoles que el periodo de alegaciones “finaliza tras dos meses de participación, con reuniones con ayuntamientos, entidades y sectores para recoger aportaciones”. La institución asegura que se ha reunido con “más de 50 entidades y personas vinculadas al territorio”, así como con todos los municipios, para “enriquecer” el contenido de la norma. El conseller de Presidencia, Toni Fuster, ha subrayado que «las alegaciones no son solo un trámite, sino una herramienta real para ajustar, completar y reforzar la norma» y ha recordado que «el plazo de alegaciones, que ha tenido una duración de dos meses, el doble que en la legislatura anterior, ha permitido ampliar la participación y garantizar un proceso más completo y abierto».

Por su parte, el grupo socialista en el Consell de Mallorca ha presentado 35 enmiendas al proyecto de Ley de la Serra de Tramuntana con el objetivo de lograr consenso y adaptar el texto a los problemas reales del territorio. Los socialistas critican que la ley ha sido pactada entre el PP y la extrema derecha, lo que, a su juicio, se refleja en aspectos como el mayor peso otorgado a los cazadores y la falta de medidas frente al cambio climático. También lamentan que el texto deje de lado cuestiones clave como la vivienda, la movilidad o la presión turística.

Entre sus propuestas destacan la limitación de precios del alquiler para evitar la gentrificación, una moratoria de plazas turísticas sujeta a un estudio de carga, y un mayor equilibrio entre el uso público y la propiedad privada, garantizando el acceso a caminos tradicionales sin permisos.

Además, plantean más financiación para la gestión de la Serra, el reconocimiento del papel de las mujeres y el impulso al relevo generacional agrario. Finalmente, piden al PP que se aleje de las líneas de la extrema derecha y abra el diálogo para consensuar una ley más amplia y útil.

El PP, por contra, ha defendido la nueva Ley de la Serra de Tramuntana, asegurando que es la primera elaborada con un “consenso real” gracias a un amplio proceso participativo con ayuntamientos y sectores implicados. La formación destaca que la norma busca proteger el patrimonio, garantizar la viabilidad económica de quienes viven en la Serra y regular el uso público con equilibrio. Asegura que no se limitará el acceso a los caminos públicos, sino que se reforzará.

Més per Mallorca ha registrado 30 alegaciones a un anteproyecto que “no solo es insuficiente, sino que puede agravar los problemas” y que, a su entender, refleja una “contradicción de fondo” porque proclama la voluntad de proteger la Serra sin “establecer mecanismos efectivos para limitar la presión humana, frenar la privatización de caminos ni garantizar un modelo territorial sostenible”. “La Serra no necesita una ley decorativa, sino una herramienta valiente que ponga límites, proteja el bien común y garantice el futuro”, apunta la formación ecosoberanista.

Coalició per Mallorca ha presentado enmiendas a la ley para garantizar un equilibrio entre la protección del entorno, la calidad de vida de los residentes y la actividad económica, defendiendo que “sin rentabilidad no hay conservación”. Reclama medidas que permitan a los mallorquines vivir y trabajar en el territorio.

El Ayuntamiento de Esporles también ha elaborado 28 alegaciones con la participación de entidades locales, con el objetivo de “garantizar un equilibrio entre conservación, uso público y actividad económica”. El Consistorio defiende la Serra como un “paisaje cultural vivo”, en línea con su reconocimiento por la UNESCO, y rechaza medidas que supongan “desconexión social o limitaciones arbitrarias”. Entre sus principales propuestas destaca mantener el control administrativo municipal en actuaciones urbanísticas, evitar el cierre de caminos y garantizar el uso público de los caminos catalogados.

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