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Ley de la Serra de Tramuntana

Pollença reclama un mayor peso de los ayuntamientos de la Serra para combatir la presión turística e inmobiliaria

El equipo de gobierno PSOE-Més presenta una veintena de alegaciones al anteproyecto de la ley de la Serra de Tramuntana, que debería ser "clara, útil, real, efectiva y con recursos"

Imagen de la finca de Ternelles, en la Serra de Tramuntana que pertenece al municipio de Pollença.

Imagen de la finca de Ternelles, en la Serra de Tramuntana que pertenece al municipio de Pollença. / DM

Joan Frau

Joan Frau

Pollença

El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Pollença, formado por PSOE y Més, ha presentado casi una veintena de alegaciones al anteproyecto de la ley de la Serra de Tramuntana en las que, entre muchas otras cuestiones, reclama que los ayuntamientos de la cordillera puedan “proponer medidas” para afrontar los “retos actuales” como la presión turística e inmobiliaria, la gentrificación, la movilidad, el cambio climático y la falta de viviendas para la población residente.

Además, el Consistorio pollencí’ también propone que los ayuntamientos puedan presentar ante el Consorcio Insular de la Serra, el principal órgano de gestión previsto por la futura ley, informes de impacto en relación a la aprobación de proyectos urbanísticos, turísticos, territoriales, urbanísticos y de movilidad, entre otros, que puedan afectar a la sostenibilidad y protección de la cordillera mallorquina.

En este sentido, la institución municipal reivindica que la futura ley “incorpore medidas efectivas” para afrontar estos retos y para ello reclama un mayor peso de los ayuntamientos para combatir de forma conjunta estos problemas que afectan a la Serra.

También considera que tanto las administraciones autonómica e insular como los ayuntamientos deben estar “obligados” a informar al Consorcio de los proyectos estratégicos que quieran llevar a cabo con el fin de “evaluar su impacto sobre la Serra en sus diversos aspectos”.

En cuanto a los caminos públicos, uno de los puntos más polémicos de la ley, el Ayuntamiento insta a “defender la protección y recuperación” de estos senderos “impulsando la aplicación de la legislación vigente” como herramienta fundamental para garantizar su carácter público, por lo que propone que el Consorci “supervise” que los ayuntamientos “aprueben y mantengan” sus catálogos de caminos públicos.

Por otra parte, también insta a que el Consorci de la Serra pueda “negociar las condiciones generales” para el acceso a las fincas privadas que no tengan caminos públicos.

El Consistorio ‘pollencí’ cree que los ayuntamientos de la Serra deberían tener una mayor participación y representación en el Consorci, ya que las instituciones municipales “son fundamentales” en la protección integral de la Serra como Patrimonio de la Humanidad. También reclama la presencia municipal, y de las entidades de la sociedad civil, en la aprobación y el desarrollo del plan de gestión de la Serra.

En un plano más concreto, Pollença alega a favor de que el plan de gestión lleve a cabo la protección de las variedades tradicionales de olivos, así como de las ‘marjades’, las acequias, los ‘safarejos’, las ‘tafones’ o las fuentes mediante “medicas concretas” y anima a realizar un plan de gestión forestal.

El Ayuntamiento también insta a regular el uso de la lengua catalana “en todos los niveles” para que el Consorci desarrolle un “plan de normalización lingüística global y sectorial” desde la perspectiva administrativa hasta la toponimia y a impulsar el cooperativismo en relación al producto local vinculado a la agricultura y la ganadería, entre otras cuestiones encaminadas a proteger la producción local y las variedades autóctonas.

Por otra parte, reclama la ampliación de las áreas de influencia de protección de la Serra porque, según denuncia, en Pollença “quedan áreas sin incluir en estas áreas y propone que la ley defina una “financiación estable” con una aportación de entre el 0,3 y el 0,5 por ciento en los respectivos presupuestos del Consell y el Govern.

El Ayuntamiento pollencí’ reivindica una ley “clara, útil, real, efectiva y con recursos” para dar respuesta a los problemas actuales del territorio. La institución critica que la ley dependa tanto de su desarrollo normativo a través de reglamentos y considera que el texto debería ser menos genérico y más concreto.

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