El cártel de la leche abre la puerta a indemnizaciones millonarias para ganaderos de Baleares

Los ganaderos de Baleares que vendieron leche a las principales industrias lácteas de España entre los años 2000 y 2013 podrían recibir más de 85 millones de euros en indemnizaciones por los daños causados por el llamado cártel de la leche, según expusieron este jueves representantes de UPA Galicia en una reunión informativa celebrada en UPA-AIA Baleares.

La organización agraria explicó que unos 250 ganaderos de Mallorca y Menorca podrían beneficiarse de estas reclamaciones, de los que alrededor de un centenar serían de Mallorca. El objetivo del encuentro era informar al sector sobre el alcance de las sentencias conocidas hasta ahora y animar a los afectados a sumarse a demandas colectivas.

La gerente de UPA-AIA Baleares, Joana Mascaró, señaló que durante dos décadas España registró el precio de la leche más bajo de Europa pese a ser un país deficitario en producción, una situación que, a su juicio, “no tenía sentido” y que obedecía al pacto de precios entre industrias. Según recordó, los tribunales han acreditado la existencia del cártel y han dado la razón a los ganaderos, que ahora pueden reclamar a las empresas implicadas por haber pagado precios artificialmente bajos. Mascaró indicó que, aunque todavía se discute el importe exacto de las compensaciones, las resoluciones judiciales están apuntando a una referencia de unos 10 céntimos por litro, intereses incluidos. “Es un dineral”, resumió.

Cinco años

Por su parte, el secretario general de UPA Galicia, Roberto García, recordó que el origen del proceso está en una denuncia presentada por su organización en 2011. A raíz de ella, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia sancionó a diez industrias con 80 millones de euros por pactar precios e impedir el cambio de ganaderos de una empresa a otra.

García explicó que el Tribunal Supremo abrió después la puerta a que cada productor reclame individualmente una indemnización por el perjuicio sufrido. En este momento, aseguró, las sentencias que se están conociendo consideran que el derecho a reclamar no ha prescrito y que los afectados disponen aún de cinco años para acudir a los juzgados de lo mercantil.

Los ganaderos no tienen que demostrar la existencia del cártel, ya acreditada judicialmente, sino cuantificar el daño sufrido en función de los litros vendidos entre 2000 y 2013. Según UPA Galicia, los juzgados están fijando de forma orientativa un perjuicio de alrededor del 10%, al que se suman intereses compuestos acumulados desde el inicio del periodo afectado hasta la actualidad. De media, las compensaciones estarían rondando los 10 céntimos por litro. Aplicado al volumen comercializado en Baleares y al número estimado de ganaderos afectados, la organización calcula que las indemnizaciones en las islas podrían superar los 85 millones de euros.

UPA enmarca este proceso como una compensación para centenares de productores que tuvieron que cerrar sus explotaciones por la imposición de precios a la baja.

La organización agraria ofrece a los afectados la posibilidad de integrarse en demandas colectivas y tramitar sin coste las gestiones judiciales. UPA Galicia asegura representar ya a unos 6.000 ganaderos en toda España y recuerda que lleva litigando por este asunto desde hace más de una década.

Cabe recordar que las primeras sentencias favorables a los productores comenzaron a conocerse hace un año, con un primer fallo en Barcelona. García puntualiza que se presentaron demandas en distintas ciudades, como Madrid, Toledo o Granada. Según UPA, no se descarta que el Tribunal Supremo tenga que unificar doctrina en el futuro para evitar diferencias en las cuantías reconocidas según cada audiencia provincial.

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