Ley de la Serra, entre el disfrute colectivo y la propiedad privada

La futura Ley de la Serra de Tramuntana, actualmente en exposición pública, ha generado una gran polémica cuando todavía no se sabe cuándo podrá aplicarse ni si el articulado sufrirá cambios significativos a raíz del proceso de participación ciudadana. Lo cierto es que la ley ha sido muy criticada desde sectores progresistas y repudiada por entidades excursionistas y defensoras de los caminos públicos, que ven en el proyecto legislativo un texto hecho a medida de los grandes propietarios de la cordillera.

El texto elaborado por el gobierno insular del Consell, en manos de PP y Vox, se aleja totalmente del borrador elaborado por el anterior pacto progresista, que no tuvo tiempo de aprobar su propia ley de la Serra de Tramuntana a raíz del giro electoral de 2023. Ambas versiones son también dos formas diferentes de modelo de país, con visiones antagónicas sobre cómo hay que gestionar un espacio natural muy valioso, patrimonio mundial por la UNESCO, pero también amenazado por la sobrepoblación y la masificación turística.

Así, la ley de 2023, que no llegó a aprobarse, era “transversal, participativa y ambiciosa”, según apuntan fuentes del equipo redactor, mientras que el nuevo proyecto es “centralizado” y está “orientado hacia la defensa de los grandes propietarios”, además de ser “regresiva” desde el punto de vista ambiental y de ocultar el discurso climático. También incluye un “refuerzo explícito” de la caza como “elemento definidor del territorio”.

Desde el actual gobierno del Consell no comparten esta definición, aunque admiten la importancia de la propiedad privada a la hora de planificar la gestión y también el peso de la caza en la cordillera. En cualquier caso, destacan que todavía no existe un texto definitivo y que el borrador se ha elaborado con “mucha participación” y numerosas reuniones con alcaldes de la Serra y entidades, cuando en la pasada legislatura “solo hubo dos convocatorias”, explica el director insular de la Serra de Tramuntana y alcalde de Escorca, Toni Solivellas. El resultado es una redacción que “se acerca a las diferentes sensibilidades”, subraya.

La gobernanza

El modelo de 2023 establecía un consejo social con una amplia representación y una comisión de dirección estratégica con funciones vinculantes. También contemplaba un sistema de planificación en cascada (con un plan estratégico a 10 años) y una participación efectiva de la sociedad civil.

El nuevo texto elimina tanto el consejo como la comisión citados, concentra todo el poder en el consorcio insular y delega la gobernanza en órganos consultivos internos regulados por estatutos.

No obstante, Solivellas defiende la función del futuro consorcio insular, que “no entrará en detalles de los órganos de participación, que ya están regulados en los estatutos de creación del consorcio”. El director insular apunta que estos órganos no se han incluido en la ley “por sentido común”, porque es más sencillo modificar los estatutos que el texto legislativo en caso de necesidad. “El antiguo texto creaba hasta 14 organismos, lo que es contrario al espíritu que debe tener la nueva ley, que es la simplificación administrativa; debe ser más ágil y menos burocrática”, añade Solivellas.

La caza

El actual equipo de gobierno del Consell refleja en el texto de la ley la importancia que, según diversos sectores, tiene la caza en la Serra de Tramuntana. “Los sistemas de caza tradicionales forman parte de nuestra historia y patrimonio, es una práctica apreciada en todos los pueblos, por lo que reconocerlo es de sentido común”, explica Solivellas, que subraya que la caza “permite controlar las poblaciones de animales así como lo hacían los antiguos payeses, por lo que queremos dar cabida en la ley a esta parte de la historia de la Serra”.

Los redactores del texto de 2023, por su parte, consideran que en la nueva ley la caza es un elemento estratégico y critican que la Serra “deja de ser presentada como un sistema cultural y ambiental frágil para ser definida como un gran espacio cinegético, con un 77% de vedados”.

Emergencia climática

Por otra parte, estos denuncian que el nuevo proyecto “elimina el discurso sobre emergencia climática y suprime las referencias a la mitigación y a la adaptación climática”, así como el principio de no regresión ambiental.

Por su parte, Solivellas matiza que el texto “hace referencia a las adversidades climáticas” y admite que no utiliza el concepto ‘cambio climático’: “Solo es una cuestión de palabras”, concluye.

Algunas voces consideran que tanto en el peso de la caza como en la eliminación del discurso sobre el cambio climático “se nota la mano de Vox”, el socio del PP en el Consell, institución cuyo departamento de Medio Ambiente, controlado por la extrema derecha, ha autorizado la práctica de la caza en sus grandes fincas públicas.

Protección patrimonial

Los críticos con la nueva ley de la Serra denuncian que esta aplica una “mayor flexibilidad” en la protección de los elementos patrimoniales y citan el ejemplo de la descatalogación de olivos y encinas “a petición del propietario”, así como la “eliminación de prohibiciones explícitas de extracción y transplantes” de estos árboles característicos de la cordillera. “La protección deja de ser estructural y pasa a ser negociable”, apuntan.

Para rebatir esta cuestión, el Consell vuelve a poner en el centro de todo la voluntad de los propietarios, que podrán solicitar “de forma voluntaria” tanto la catalogación de especies vegetales emblemáticas para revalorizar sus propiedades desde el punto de vista turístico, como la descatalogación de árboles protegidos que, según matiza, “seguirán estando protegidos”.

El director insular Solivellas admite que durante el proceso de redacción del articulado “ha habido mucho debate sobre esta cuestión”, dando a entender que existen diferentes sensibilidades al respecto. Uno de los objetivos principales del Consell es que las fincas de la Serra “sean rentables”.

El impacto urbanístico en la cordillera

La Tramuntana es uno de los pocos espacios relativamente salvajes y libres del urbanismo desaforado que ha afectado a otras zonas de la isla, principalmente la costa y ahora también el interior agrícola. ¿Protegerá la nueva ley a la montaña mallorquina en este sentido?

Desde sectores progresistas no ocultan su gran preocupación, ya que aseguran que el texto “reduce el impacto patrimonial en los proyectos, no garantiza la aplicación de planes urbanísticos y deja la definición de afectación en manos de una declaración responsable del promotor”, lo que podría generar “revisiones periódicas” de la UNESCO.

Solivellas asegura que “en ningún caso se deja las evaluaciones en manos de un promotor, deben ser los técnicos quienes digan qué afectación patrimonial tiene un determinado proyecto”. El alto cargo del Consell, por contra, afirma que la ley “aumenta la protección de la Serra” porque cualquier actuación que “afecte a bienes patrimoniales” debe condicionarse a un “informe de impacto territorial” que definirá los límites del proyecto.

El director insular añade que uno de los reglamentos que “estarán listos antes de la aprobación de la ley” es el referente a las evaluaciones de impacto patrimonial, “una petición de la UNESCO”, subraya. No obstante, estos informes no serán necesarios en las “pequeñas intervenciones”, que podrán tramitarse a través de una “licencia normal” para “simplificar” el proceso. ¿Quién vigilará posibles ilegalidades y si estas pequeñas obras desembocan en grandes proyectos urbanísticos? “Serán los ayuntamientos quienes deberán controlar la disciplina urbanística en sus propios territorios, ya que las obras son de competencia municipal”, concluye.

El acceso público

Es uno de los principales caballos de batalla y primer foco de críticas cosechadas por el anteproyecto legislativo. “Hemos dejado muy claro que en ningún momento se prohibirá el acceso a los caminos públicos de la Serra”, señala Solivellas, que recuerda que se han celebrado numerosas reuniones con entidades excursionistas y de defensa de los caminos públicos. Otra de las polémicas se refiere a las limitaciones que tendrán las bicicletas de montaña. “Podrán acceder a la Serra, pero la ley dice que se tienen que elaborar mapas y rutas que podrán utilizar, y se hará con la participación de los ciclistas”, añade el director insular.

Eso sí, admite que existen opiniones encontradas en cuanto a si deberá pedirse permiso para atravesar fincas privadas. “El derecho a la propiedad privada existe, no lo hemos inventado nosotros”, afirma.

No obstante, desde sectores progresistas se denuncia que el texto contempla la necesidad de tener una “autorización expresa para acceder a fincas privadas” y que “se restringe el acceso de las bicicletas a unas pocas vías determinadas”. También que se abre la puerta al desvío de caminos “sin un margen de actuación administrativa clara” y al cierre de determinados espacios por “capacidad de carga y caza”. “El nuevo modelo refuerza el consentimiento privado por encima del derecho colectivo”, sostienen.

Turismo y masificación

Una de las críticas recurrentes contra la futura ley es que “no fija capacidad máxima de plazas turísticas” ni contempla instrumentos contra la presión inmobiliaria y la sustitución residencial, entre otros factores encaminados a reducir la masificación de la cordillera y a proteger el estilo de vida tradicional de sus habitantes en contraposición con el anterior borrador de 2023, que “apuntaba medidas para impulsar políticas de vivienda pública y la integración real entre planificación turística y protección patrimonial”.

El Consell matiza que la ley de la Serra “no es una ley urbanística”, aunque pretende compaginar “lo mejor posible” el derecho de todos a disfrutar del paisaje con el de la propiedad privada. El texto “pone las bases hacia un modelo de turismo sostenible”, declara Solivellas, y también prevé posibles “regulaciones de acceso” en lugares que soportan una gran presión. No obstante, admite que de momento “no puede hablarse de capacidad de carga” porque “no tenemos indicadores” que definan qué lugares necesitan una regulación, un trámite que quedará pendiente de desarrollar “posteriormente”, subraya el director insular.

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