Un instituto de Pollença denuncia el encarecimiento del transporte escolar y la falta de autocares

El claustro de profesorado del IES Guillem Cifre de Colonya, en Pollença, ha expresado este jueves su "preocupación y malestar" por lo que consideran una “situación insostenible” que atraviesan los centros educativos de Balears debido al encarecimiento del transporte en autocar y a la falta de disponibilidad de vehículos durante la temporada turística para realizar actividades extraescolares.

Según exponen los docentes en un comunicado, el coste del transporte para salidas escolares se ha incrementado hasta situarse entre los 14 y los 17 euros por alumno, una cifra que, aseguran, está provocando la reducción e incluso la cancelación de actividades complementarias y extraescolares. Estas actividades, subrayan, son “una herramienta pedagógica fundamental” para el desarrollo educativo, ya que permiten al alumnado conocer su entorno cultural, histórico y natural, además de fomentar la cohesión de grupo.

El problema se agrava con la llegada de la temporada turística, cuando, según el profesorado, resulta “prácticamente imposible” encontrar autocares disponibles, lo que limita aún más la planificación de salidas durante el curso escolar.

En este contexto, el claustro critica la respuesta ofrecida por la Conselleria de Educación en la mesa sectorial del pasado 5 de marzo. Según los docentes, el departamento del Govern respondió que los centros ya reciben una partida para gastos generales que, puntualmente, "puede utilizarse para reducir el impacto de este gasto en las familias". Los docentes califican esta propuesta de “profundamente decepcionante” y consideran que traslada a los centros "una responsabilidad que no les corresponde" y que, además, "no soluciona el problema de falta de autobuses cuando empieza la temporada turística".

Asimismo, señalan la contradicción que supone sugerir el uso de estos fondos para compensar los gastos del transporte escolar cuando este dinero está destinado a cubrir gastos ordinarios como suministros, material o mantenimiento, y no a financiar actividades extraescolares. "Es decir, se pide a los centros que resuelvan un problema estructural con unos fondos pensados para cubrir luz, agua, material, comunicaciones o mantenimiento", lamentan. A su juicio, esta medida no solo es inviable, sino que deja a centros y familias “desamparados” ante un problema estructural. "Es una manera de desentenderse de la situación", aseguran.

El profesorado advierte de que esta situación tiene consecuencias directas sobre la igualdad de oportunidades y el derecho a una educación de calidad, al condicionar el acceso a actividades educativas en función de la capacidad económica de las familias. "No es aceptable que las actividades complementarias y extraescolares, que forman parte de la formación del alumnado, queden condicionadas por el encarecimineto desmesurado del transporte y por la falta de autocares disponibles en pleno calendario escolar", apuntan.

Por ello, reclaman a la Administración una actuación “inmediata y efectiva” que incluya medidas como ayudas económicas específicas, la regulación de precios para el transporte escolar no obligatorio o la creación de sistemas que garanticen la disponibilidad de autocares para los centros educativos durante el curso. "La Administración no puede limitarse a observar cómo el mercado expulsa a los centros educativos del acceso al transporte ni trasladar este problema a los presupuestos ordinarios de los institutos o a los bolsillos de las familias", considera el claustro de profesores, que añade que en el contexto actual de elevada presión turística, la Administración "debe intervenir para proteger los servicios esenciales y garantizar que la educación no quede subordinada a intereses económicos externos".

Finalmente, el claustro alerta de que, si no se actúa, el actual modelo puede provocar que las actividades educativas complementarias queden reservadas únicamente para quienes puedan asumir su coste, lo que supondría, a su juicio, una vulneración del principio de equidad educativa. "Proteger la educación quiere decir impedir que las consecuencias del modelo económico de la isla recaigan, una vez más, sobre los centros públicos y las familias; lo contrario es asumir como normal que el alumnado de Balears tenga menos oportunidades educativas por motivos estrictamente económicos y logísticos, y esto es inaceptable", concluye el comunicado.

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