Sa Pobla contará con una nueva vivienda para 6 residentes con diagnóstico en salud mental

La Fundación Es Garrover y el Govern han alcanzado un acuerdo para poner en marcha una nueva Vivienda Supervisada para ayudar a 6 personas residentes en el municipio de Sa Pobla, todas ellas con un diagnóstico en salud mental. El objetivo es ofrecer un servicio a aquellos que conviven con algún trastorno psicologico para garantizarles el derecho a una vivienda digna con acompañamiento personalizado de algunos de los profesionales de la institución.

Gracias a esta iniciativa, los pacientes también recibirán apoyo en algunas tareas diarias más comunes, así como en su desarrollo personal, social y laboral. La idea es que las personas que residan en este domicilio dispongan de una mayor atención no solo por lo que respecta a la gestión de su vida cotidiana, sino también en cuanto a las tareas sociales y administrativas. De este modo, Es Garrover garantizará a los residentes una vida plena e integrada dentro de la comunidad. Asimismo, el servicio ofrece acompañamiento terapéutico durante todos los días del año, para así ayudar a los inquilinos a mejorar su conviviencia y autonomía personal dentro de la vivienda.

Este lunes ha tenido lugar la inauguración oficial de esta residencia, con la presencia de la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández; y el gerente de la Fundación Es Garrover, Gori Molina. Además, este recurso ha sido concertado por la Consellería de Famílias por un importe de 636.293 euros entre los años 2025 y 2027.

Una sociedad más inclusiva

Esta vivienda, según afirma Es Garrover en una nota de prensa, ayuda a las personas con problemas de salud mental a solventar dos de los dilemas más presentes en la sociedad: la precariedad económica y la exclusión social. De hecho, 8 de cada 10 personas con este tipo de trastorno no tienen acceso a un empleo, lo cual implica que aproximadamente la mitad vivan con menos de 800 euros mensuales. Esto dificulta que estos habitantes accedan fácilmente a una vivienda en condiciones dignas, por lo que esta iniciativa supone una oportunidad para garantizar a estas personas una serie de derechos y oportunidades que actualmente no disponen.

Según los datos aportados por la fundación, ya se han concertado 30 plazas entre los servicios de Vivienda Supervisada y Domicilios Compartidos, distribuidos en 7 viviendas. De esos 30, 16 viven en hogares tutelados, mientras que los 14 restantes residen en casas compartidas, permitiendo a cada persona una mejor atención de acuerdo a sus necesidades para construir una sociedad más justa e inclusiva.

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