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Lletra menuda

Desprotección de vivienda y residentes

Algunas de las viviendas del fondo buitre en sa Pobla.

Algunas de las viviendas del fondo buitre en sa Pobla. / TONINA CRESPÍ

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Estaba cantado. Desde el momento en que el Govern, según propia interpretación, no halló amparo legal para ejercer el derecho de compra preferente de los 87 inmuebles que hace un año salieron a la venta en Sa Pobla a un precio muy por debajo del mercado, quedó claro que acabarían en reventa demasiado al alza y a merced de la especulación. Así ha sido. Més denuncia la «inacción» del Ejecutivo autonómico con dardos directos a la presidenta Prohens y el conseller Mateo se reafirma en la pasividad dado que la operación no se fraguó estrictamente entre grandes tenedores. Un gran negocio de por medio, con alusiones a la órbita del belicoso Donald Trump que ya da nombre al edificio en cuestión y también implicación de un vástago del expresidente José María Aznar. Así, en manos ajenas, se esfuma Mallorca mientras sus residentes deben acampar sobre el ingenio, la improvisación y la ayuda familiar para disponer de un techo aceptable.

Pelea política a cuenta de unas viviendas que hubieran podido ser enseña del esfuerzo para domesticar la emergencia habitacional y que acaban en todo lo contrario, en apetitosa oportunidad para compradores de buen nivel. No se arregla nada. Solo se acentúa la impotencia del vecino medio. Cierto que el Govern tenía margen suficiente para canalizar el inmueble por vías suplementarias al estricto tanteo y retracto, pero tampoco hubiera estado de más que, cuando Ferran Rosa denuncia la burda especulación pasiva, también pudiera explicar medidas imaginativas emprendidas por Més en complicidad con otros agentes sociales. La flagrante falta de vivienda accesible es reconocida por todos y eso implica respuesta y reacción. La merecida denuncia política para desgastar al Govern es insuficiente por sí sola.

Oportunidad perdida. Quienes aspiran a la casa necesaria saben hoy más que nunca que la Administración y la política, mal asociadas, difícilmente les resolverán el problema. Permanecen abocados a un mercado de acceso muy limitado. El Govern no quiere ser un agente inmobiliario moderador.

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