Las viviendas de sa Pobla que el Govern renunció a comprar a un precio irrisorio se revenden ahora por el triple

Los 87 inmuebles de sa Pobla que hace un año un fondo buitre vendió a un precio irrisorio, bastante inferior al valor catastral, a una inmobiliaria de Alcúdia, y que el Govern se negó a comprar ejerciendo el derecho de tanteo y retracto, se venden ahora por precios que triplican el coste inicial.

Se trata de una “operación especulativa” que ha sido denunciada este jueves por Més per Mallorca, formación que acusa al ejecutivo autonómico de “avalar” esta transacción por su negativa a adquirir los pisos que se vendían “a precio de ‘patató’”, según el diputado Ferran Rosa, cuando tuvo la oportunidad mediante el derecho de compra preferente a través del tanteo y retracto que contempla la Ley de Vivienda. Hace un año, el conseller de Vivienda, José Luis Mateo, justificó la negativa del Govern a comprar las viviendas en que la ley establece que la compraventa tiene que producirse entre grandes tenedores y en este caso el vendedor lo era, pero no el comprador. Este jueves, el ejecutivo ha insistido en que legalmente no podía ejercer el derecho de compra preferente.

Entre los inmuebles que estaban en venta hace un año, había 21 pisos de entre 103 y 169 metrtos cuadrados que se vendían entre 70.000 y 130.000 euros, “más de un 30% por debajo del valor de referencia catastral y un 50% menos que el precio de las viviendas de protección oficial”, según explica Més. Ahora, los pisos empiezan a salir al mercado reformados por 350.000 euros.

La noticia saltó hace exactamente un año, cuando Més denunció que un gran tenedor, el grupo inmobiliario Promontoria Coliseum Real Estate S. L. U., vinculado al fondo Cerberus, fundado por el subsecretario de Defensa de Donald Trump y atraído al Estado español por José María Aznar Botella, hijo del expresidente del Gobierno, había vendido 87 bienes inmuebles, entre pisos y locales, a la inmobiliaria de Alcúdia Farrutx 2000 S. L. “a un precio irrisorio”. Este grupo inmobiliario es el mayor tenedor de viviendas desocupadas de Balears.

Cuando se hizo pública la operación, la formación ecosoberanista reclamó al Govern que comprase estos bienes para aumentar el parque de vivienda pública y paliar la emergencia habitacional en la isla, aunque la petición no fructificó.

En la compraventa también se incluían once oficinas en las plantas primera y segunda de la manzana de casas, con superficies de entre 80 y 100 metros cuadrados “fácilmente reconvertibles en viviendas, según el planeamiento municipal”, tal y como ha señalado el regidor de Més per sa Pobla Biel Payeras este jueves. “Claramente es una especulación inmobiliaria que se hubiese podido evitar con la intervención del Govern, que se negó a hacerlo”, ha denunciado la formación ecosoberanista.

Tanto Rosa como Payeras han criticado la “inacción” del Govern, que “no solo ha propiciado una operación inmobiliaria especulativa en un momento de emergencia habitacional en Balears, sino que, además, hemos perdido la oportunidad de aumentar el parque de vivienda pública”. Més responsabiliza “directamente” a la presidenta Marga Prohens de esta operación especulativa que ha evitado que los vecinos de sa Pobla puedan disponer de viviendas a un precio asequible.

Hace un año, los ‘poblers’ siguieron con mucha atención la noticia de la venta a precios muy reducidos de estos 87 inmuebles. Y cuando este diario hizo pública la vinculación del edificio con un fondo inmobiliario del subsecretario de Defensa del gobierno de Estados Unidos, los vecinos bautizaron el bloque como el ‘edificio Trump’. Muchos de ellos se acercaron al edificio para ver si podían comprar uno de los pisos a precio ‘de patató’.

El Govern defiende su actuación

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha replicado este jueves la acusación de Més recordando que la compra de estas 21 viviendas en sa Pobla “no estaba en ninguno de los supuestos previstos en la Ley que permite ejercer el tanteo y retracto”. El Govern “analizó” esta operación para determinar si era o no posible que desde la administración pública se pudiera ejercer el derecho de tanteo y retracto, regulado por ley, para comprar estas viviendas, "como ha hecho este Govern en otras ocasiones".

“No es una cuestión de voluntad política sino de si la ley lo permite o no, dependiendo de si se cumplen las condiciones previstas en la Ley de vivienda de Baleares aprobada en el año 2018 (anterior Govern del Pacte), que regula los casos en los que la administración puede realizar estas compras de viviendas”, apunta el departamento, que añade que “se analiza cada caso con los técnicos y se toman las decisiones siguiendo criterios rigurosos, y se hace efectiva la compra siempre que sea posible y de acuerdo con la Ley”.

Por tanto, expresa su “rechazo absoluto” a la afirmación de Més de que esta operación cuente con el aval del Govern.

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