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Lletra menuda

Vulnerabilidad sin medida ni control

El complejo residencial donde se encuentra el piso de Jaime Nadal, en Llucmajor

El complejo residencial donde se encuentra el piso de Jaime Nadal, en Llucmajor / DM

Llorenç Riera

Llorenç Riera

Las normas necesitan estar asociadas a una tutela y vigilancia permanente que vele por el buen fin que persiguen y el espíritu que las motivo y les da sentido. De no ser así, pueden acabar volviéndose contra sí mismas y desvirtuar por completo los objetivos perseguidos. Eso, en gran medida, es lo que ha ocurrido con el real decreto-ley del Gobierno que protege a los inquilinos vulnerables desde los tiempos de la covid. Su intención es buena, pero nadie ha previsto ni evitado que inquilinos desaprensivos y descarados se adhirieran a él como una lapa. Es la vulnerabilidad tapadera y falsa que repercute sobre unos propietarios tan impotentes como desesperados. En términos más formales, se puede etiquetar como una inseguridad jurídica que pendulea entre unos servicios sociales de informe estandard y unos juzgados con barrera al desahucio.

La cuestión es compleja porque aquí confluyen sin reparo el derecho constitucional a la vivienda digna con el también esencial respeto a la propiedad privada y, por supuesto, al cobro de alquileres y lo hacen en un entorno de acentuada escasez de vivienda, disparo demográfico y migración permanente. Nadie se ha preocupado de moderar a conciencia estos tres factores. Las consecuencias están a la vista.

La historia personal que cuenta Jaime Nadal en esta misma página no es, ni mucho menos, una excepción o un caso aislado. A él le ha pasado con una vivienda familiar en una urbanización de Llucmajor pero ocurre ya en cualquier punto de Mallorca. Se ha instalado una conciencia social de miedo al okupa y desprotección de la propiedad privada, con lo cual, el uso digno y responsable del techo digno queda muy tocado. Conversaciones en esta línea se pueden oír cualquier día, a cualquier hora, en bares y otros lugares de confluencia pública.

Hay inquilinos vulnerables, pero también propietarios vulnerados a fuerza de impagos. Es así porque se ha manoseado y deformado en exceso la norma que da sentido a todo. Se impone, por estricta necesidad, una reconducción. La protección de unos y otros.

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