El TSJB anula la decisión de Santa Margalida de romper un convenio para construir la depuradora

Una sentencia del pasado 6 de marzo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha anulado el acuerdo del Ayuntamiento de Santa Margalida que en 2017 decidió resolver de forma unilateral el convenio firmado en 2005 con la Agencia Balear del Agua y de la Calidad Ambiental (Abaqua) para la construcción de una nueva estación depuradora en el núcleo de Can Picaofort.

La sentencia estima el recurso presentado por Abaqua contra el acuerdo municipal del 30 de noviembre de 2017, mediante el cual el consistorio daba por finalizado el convenio de colaboración suscrito con el entonces Instituto Balear de Saneamiento (Ibasan), organismo que posteriormente pasó a integrarse en Abaqua. Este convenio tenía como objetivo impulsar la construcción de una nueva depuradora en el núcleo de Can Picafort para atender el aumento de aguas residuales procedentes de la zona turística de la bahía de Alcúdia. La infraestructura debía dar respuesta a la insuficiente capacidad de la depuradora existente en la playa de Muro.

Sin embargo, años después de la firma del acuerdo, el Ayuntamiento de Santa Margalida decidió resolver el convenio alegando diversos incumplimientos por parte de Abaqua. Entre los argumentos expuestos por el consistorio figuraban que la entidad autonómica no ejecutaría directamente la construcción de la depuradora, ya que el proyecto pasó a ser competencia del Estado tras la declaración del interés general en 2010. El retraso acumulado en el desarrollo del proyecto y el hecho de que el plan contemplara la instalación de un emisario submarino para el vertido de las aguas depuradas en la playa de Son Bauló, no previsto en un principio, fueron otros argumentos esgrimidos por Santa Margalida para resolver el convenio.

El tribunal concluye que ninguno de estos argumentos constituye un incumplimiento sustancial que justifique la resolución del convenio. Según la sentencia, la finalidad principal del acuerdo era garantizar la construcción de la nueva depuradora sin que el Ayuntamiento tuviera que asumir el coste de la infraestructura, y ese objetivo no se ve alterado por el hecho de que la financiación del proyecto pasara posteriormente a ser asumida por la Administración General del Estado tras declararse la obra de interés general.

La Sala también descarta que el retraso en la ejecución del proyecto pueda considerarse motivo suficiente para romper el acuerdo, ya que el propio convenio no establecía un plazo concreto para la construcción de la instalación y su vigencia se fijó en 35 años. Asimismo, los magistrados consideran que la previsión de utilizar un emisario submarino para el vertido de las aguas tratadas tampoco supone una vulneración del convenio, ya que el documento firmado por ambas partes no excluía esta posibilidad.

En su resolución, el TSJIB recuerda además que muchos de los argumentos planteados por el Ayuntamiento ya habían sido analizados en sentencias anteriores de la misma Sala, que también concluyeron que no existía un incumplimiento por parte de Abaqua que justificara la ruptura del acuerdo.

Por todo ello, el tribunal estima el recurso presentado por la entidad pública y declara no conforme a derecho el acuerdo del pleno municipal de 2017, que queda anulado. La sentencia impone además al Ayuntamiento de Santa Margalida el pago de las costas del procedimiento, con un límite de 3.000 euros.

El actual teniente de alcalde de Santa Margalida Joan Monjo, que decidió en su día la resolución del convenio, ha asegurado que la sentencia es “papel mojado” porque desde 2017 a la actualidad se han adoptado una serie de decisiones con respecto a la futura depuradora de Can Picafort que se alejan de lo estipulado en el acuerdo de 2005. De hecho, en septiembre de 2024 se selló un acuerdo entre Govern, Santa Margalida y Muro para poner fin a más de dos décadas de conflictos sobre la futura depuradora, que finalmente se construirá en unos terrenos compartidos por ambos municipios sin que contemple el polémico emisario en Son Bauló, ya que priorizará la reutilización de las aguas depuradas.

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