Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio "deficiente"

La crisis de las basuras en Llucmajor ha provocado que unos vecinos estén promoviendo en redes sociales la idea de reclamar formalmente al Ayuntamiento la devolución de la correspondiente tasa ante lo que consideran un servicio "deficiente" de recogida de residuos.

Los problemas con la recogida de basuras, que se arrastran desde hace tiempo y que periódicamente dejan imágenes de contenedores desbordados en la vía pública, han motivado continuas quejas vecinales y críticas de la oposición hacia el gobierno municipal encabezado por la alcaldesa Xisca Lascolas (PP).

A ello hay que unir el malestar de los trabajadores de la empresa concesionaria por incumplimientos laborales que, desde la empresa, se achacan a problemas en los pagos por parte del Ayuntamiento. Este descontento se ha traducido en la convocatoria de una huelga indefinida, en teoría para el próximo día 23 de marzo, si no se llega antes a un acuerdo en el Tribunal de Mediación y Arbitraje de Balears (Tamib).

En un escrito publicado en foros vecinales, se explica a los residentes de urbanizaciones como Badia Gran cómo tienen que proceder para exigir la devolución del impuesto. La campaña argumenta que "la tasa de basuras solo es exigible si el servicio se presta", citando la Ley de Haciendas Locales y jurisprudencia del Tribunal Supremo.

El escrito, que lleva por título "Más de 2 años con basura acumulada y tú lo estás pagando", detalla un procedimiento de cuatro pasos para los vecinos: acudir a la Oficina Municipal de Badia Gran, solicitar el formulario de instancia general, adjuntar fotografías con fecha de los contenedores desbordados y guardar una copia sellada del registro como justificante oficial.

"Una situación inadmisible que se repite año tras año. Más de dos semanas con contenedores desbordados y olores insoportables. El Ayuntamiento incumple la ley mientras nosotros seguimos pagando la tasa. Eso tiene solución", se puede leer en el texto, que concluye: "Cuantos más vecinos reclamemos, más difícil será para el Ayuntamiento ignorarlo".

Llibertat Llucmajor

Paralelamente, el partido vecinal Llibertat Llucmajor, en la oposición, informó este lunes de que ha registrado una queja ante el Defensor del Pueblo en la que denuncia la "dejación de funciones" de la alcaldesa y su equipo de gobierno por el incumplimiento de las obligaciones legales en materia de recogida de residuos, un servicio público básico que, recuerda esta formación, los municipios están obligados a garantizar según la legislación de régimen local.

Además, ha trasladado una denuncia ante la conselleria de Salud por el "evidente riesgo para la salud pública" que supone el desbordamiento generalizado de contenedores en todo el municipio tras "más de una semana sin recogida efectiva de residuos". Según el comunicado, "la acumulación de bolsas, restos orgánicos y residuos en la vía pública está generando problemas de salubridad, malos olores y la proliferación de insectos y animales".

En opinión de Llibertat Llucmajor, las incidencias en la recogida se arrastran desde aproximadamente 2015, pero la situación se ha agravado especialmente desde 2024.

Amenaza de huelga

La crisis de las basuras de Llucmajor tiene también una vertiente de conflicto laboral. Para el pasado 9 de marzo se había convocado una huelga indefinida en la recogida de residuos, según comunicó el sindicato UGT Servicios Públicos. Sin embargo, se aplazó, a la espera de nuevas reuniones entre todas las partes implicadas.

Está previsto que el próximo 20 de marzo haya una nueva negociación en el Tamib. Si sigue sin haber acuerdo, avisan desde el sindicato, la huelga indefinida empezará el lunes siguiente, día 23 de marzo.

Según explicaron fuentes sindicales, antes del 20 de marzo se debería convocar un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Llucmajor para solucionar el problema de los pagos municipales pendientes a la compañía concesionaria, lo que, en su opinión, desbloquearía el cumplimiento del acuerdo laboral con los trabajadores, alcanzado en 2024.

Cuando UGT anunció la convocatoria de la huelga, que afecta a la plantilla de la empresa FCC (Fomento de Construcciones y Contratas), adjudicataria del servicio municipal, la justificó por la comunicación por parte de la compañía de su intención de incumplir el acuerdo salarial alcanzado en 2024.

Según el sindicato, dicho pacto puso fin al conflicto anterior y estableció una "paz social" que ahora quedaría rota al no aplicarse las mejoras económicas acordadas a partir de este mes de marzo.

Fuentes sindicales explicaron que la empresa justifica esta decisión argumentando que el Ayuntamiento de Llucmajor no está asumiendo los gastos derivados de aquel acuerdo ni agilizando el proceso de licitación del nuevo contrato del servicio. A esta reivindicación salarial se suma una demanda laboral relativa a la ampliación de la duración de los descansos semanales de los trabajadores.

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