Urbanismo
Andratx destina 5,5 millones de euros a derribar los pisos ilegales de Monport por orden judicial
El Ayuntamiento ejecuta así una sentencia que anuló la licencia concedida en la etapa del alcalde Eugenio Hidalgo, quien fue condenado por corrupción en el marco del mediático 'caso Andratx'
La alcaldesa actual, Estefanía Gonzalvo (PP), asegura: "Lamentamos tener que afrontar ahora las consecuencias de decisiones adoptadas hace años y de una forma de gestionar el urbanismo que no fue la adecuada"
La urbanización que se construyó en Monport, de forma ilegal, según concluyó el TSJB / DM
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Andratx da un paso decisivo para demoler un símbolo de la corrupción urbanística en el municipio. El Ayuntamiento destinará 5,5 millones de euros al derribo de los pisos ilegales de Monport y a la reordenación posterior de esta zona. Esa urbanización, compuesta por una treintena de viviendas, fue aprobada en la época del alcalde Eugenio Hidalgo, del PP, a pesar de tratarse de un suelo protegido. Hidalgo estuvo envuelto en varios casos de corrupción por los que fue condenado a cuatro años de cárcel, en el marco del mediático ‘caso Andratx’.
El dinero para esta demolición saldrá de la modificación de crédito aprobada este jueves por el pleno municipal de Andratx, por un valor total de 11,7 millones de euros, con el objetivo, según remarcó el Consistorio, de “impulsar nuevas inversiones, mejorar servicios municipales y avanzar en proyectos estratégicos del municipio”.
En este contexto, se incluye la partida de 5,5 millones para la demolición de varios edificios en la calle Ramat, en Monport, en cumplimiento de una sentencia judicial dictada en 2020 por el Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) y “como paso previo a la reordenación urbanística de la zona”, según explicaron desde la casa consistorial.
Obras paralizadas
El bloque residencial cuenta con una treintena de viviendas construidas en suelo protegido durante época de Hidalgo. En el año 2007, las obras fueron paralizadas cuando estaban a punto de acabar y cuando, incluso, ya se habían vendido varios de esos pisos sobre plano.
El motivo de esta decisión fue que el Consell de Mallorca, al aprobar las normas urbanísticas del municipio, constató que el terreno de Monport era un suelo rústico protegido, con categoría de ARIP (Área Rural de Interés Paisajístico). Esta declaración obligó al Ayuntamiento a acordar la suspensión de las obras y más tarde se declaró la nulidad de la licencia que se había aprobado años antes.
Años después, en 2019, el Tribunal Superior de Justicia de Balears confirmó la condena al Ayuntamiento de Andratx por haber otorgado una licencia urbanística para construir un bloque de edificios en un solar protegido, lo que obligó al Consistorio a indemnizar con 14 millones de euros a la promotora que realizó la obra y a los trece propietarios que ya habían adquirido sobre plano algunos de estos pisos.
“Decisiones adoptadas hace años”
La alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), lamentó “tener que afrontar ahora las consecuencias de decisiones adoptadas hace años y de una forma de gestionar el urbanismo que no fue la adecuada”. “Pero este Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir con las sentencias firmes y actuar en consecuencia”, agregó.
Lamentamos tener que afrontar ahora las consecuencias de decisiones adoptadas hace años y de una forma de gestionar el urbanismo que no fue la adecuada. Pero este Ayuntamiento tiene la obligación de cumplir con las sentencias firmes y actuar en consecuencia
Gonzalvo aseguró que, “evidentemente”, el gobierno municipal que preside preferiría “poder destinar estos recursos a otros proyectos e inversiones necesarias para el municipio”, pero recordó que existe una “obligación legal” de afrontar esa demolición. “Se trata de una situación que se remonta a casi dos décadas y que hoy debemos resolver garantizando la restitución de la legalidad urbanística y defendiendo el interés general”, manifestó.
Cala Llamp
Ésta será la segunda gran demolición de la legislatura en este municipio del Ponent de Mallorca. En 2024, se realizaron los trabajos de demolición de una docena de apartamentos ilegales situados en la urbanización costera de Cala Llamp, finalizando así una larga historia judicial que se remontaba a 2011.
Inicio del derribo de los pisos ilegales de Cala Llamp / DM
Ese año, una sentencia del TSJB declaró nula de pleno derecho la licencia de obras concedida en 2005 por la administración municipal presidida en aquel entonces por el alcalde Eugenio Hidalgo, que fue condenado posteriormente a cuatro años de cárcel. Al Consistorio le costó meses el iniciar estos trabajos de demolición, a la espera de una orden judicial definitiva que permitiese el acceso al recinto residencial.
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