Alertan de que la nueva Ley de la Serra permitirá desviar caminos públicos "para favorecer" a los dueños de 'possessions'

El anteproyecto de la futura Ley de la Serra de Tramuntana presentado la pasada semana por el Consell de Mallorca podría recibir una oleada de alegaciones por parte de entidades y asociaciones vinculadas al excursionismo y a la defensa de los caminos públicos que consideran el texto “partidista” y pensado únicamente para favorecer a los grandes propietarios de la cordillera mallorquina.

La primera versión de la iniciativa legislativa pasará una fase de exposición pública de dos meses de duración para someterse a alegaciones y sugerencias antes de su posterior validación por parte del Parlament. Cabe recordar que, entre otras cuestiones, el anteproyecto de ley contempla la posibilidad de restringir el acceso ante episodios de masificación, amplía los usos autorizados en las ‘possessions’, abre la puerta a posibles modificaciones de senderos para alejarlos de casas y obliga a los excursionistas a pedir permiso para pasar por fincas privadas.

Una de las entidades que más crítica se ha mostrado contra el anteproyecto de la Ley de la Serra de Tramuntana es el Grup d’Amics del Medi Ambient (Gadma), una histórica entidad ecologista que tiene en la lucha a favor de los caminos públicos uno de sus principales caballos de batalla. En este sentido, Gadma hace un llamamiento a colectivos y asociaciones para que presenten una batería de alegaciones contra esta ley “tan partidista” y, a su entender, “hecha a medida por parte de los que gobiernan para favorecer a los de siempre”, en referencia a los propietarios que cierran caminos públicos.

El portavoz de Gadma, Bernat Fiol, denuncia la posibilidad contemplada por la ley de desviar caminos públicos “así como les convenga” a los propietarios de fincas privadas por las que pasan estos senderos históricos. “Además, podrán cobrar por pasar por los caminos públicos que ellos mismos han usurpado”, añade. Gadma se refiere a una entrevista al conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster en la que el cargo del PP admite que antes los “señores” obligaban a los municipios a llevar los caminos públicos hasta la puerta de sus casas. “Ahora, no solo nos privan de este recorrido original, sino que nos dicen que los tiempos han cambiado y necesitan privacidad”, lamenta Fiol, que califica de “vergonzosa” la respuesta de Fuster y concluye que “la ley sigue estando al servicio de los señores en detrimento del servicio público”.

Gadma se pregunta “qué ha hecho el Consell para recuperar los caminos públicos” y recuerda que se trata de “valores patrimoniales que son de todos” y que permanecen cerrados por las ‘possessions’ de los señores, “menospreciando el derecho de paso de los habitantes de estas islas”, cuando hace un siglo estos caminos “eran cuidados por nuestros antepasados de forma totalmente gratuita y forzada porque era un bien público de todos”. La entidad critica que la “infinidad” de caminos públicos cerrados “no sean competencia del Consell”, pero sí lo sea “hacer leyes parciales”.

Las entidades críticas con el anteproyecto temen que la aplicación de la ley pueda revertir algunas de las victorias populares a favor de la apertura de caminos públicos usurpados. “Qué coincidencia que el Camí des Cabàs entre en el ámbito de la ley, ahora que la justicia había reconocido su titularidad pública, y también debe ser una coincidencia que después de obligar a retirar las barreras de Bàlitx del Mig, en Sóller, los propietarios puedan desviar el camino cuando realmente ellos mismos están denunciados por desviar el camino sin permiso”, señala Gadma.

Una de las cuestiones contempladas en la ley que más críticas cosecha entre estas entidades es la posibilidad de que los propietarios de ‘possessions’ puedan organizar acontecimientos como bodas y fiestas que puedan dañar el entorno ambiental, “mientras a los excursionistas de Mallorca no nos dejan pasar”. También denuncian la vía libre que otorgará la ley para reformar construcciones con el objetivo, según Gadma, de destinarlas a usos turísticos “en un enclave declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO”.

“A este paso, Mallorca se convertirá en un campo de agrupamiento, todos en un rincón sin poder movernos”, denuncia la entidad ecologista, que acusa al Consell de “intentar tomarnos el pelo a todos los mallorquines”. “En verano no podemos ir a la playa porque está saturada, y ahora tampoco podremos ir a la montaña porque nos pondrán mil impedimentos”, concluye este grupo ecologista, que confía en que junto a otras entidades defensoras del medio ambiente se haga un frente común para defender el patrimonio colectivo frente a los intereses de los propietarios de la Serra de Tramuntana.

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