Los alcaldes reclaman recursos, apoyo técnico y menos burocracia para la Ley de la Serra de Tramuntana

El Consell de Mallorca ha presentado el anteproyecto de la futura Ley de la Serra de Tramuntana y ha puesto en marcha su tramitación, que abre ahora un periodo de dos meses de alegaciones antes de su posterior validación por parte del Parlament. El texto prevé sanciones de hasta un millón de euros por causar daños irreversibles al paisaje cultural, contempla la posibilidad de restringir el acceso ante episodios de masificación y amplía los usos autorizados en las possessions —como la organización de eventos— para garantizar su viabilidad económica, siempre que estas actividades no impliquen un aumento de la superficie construida.

Tras la presentación, alcaldes y alcaldesas de la Serra han valorado el borrador normativo, que en líneas generales consideran una oportunidad para ordenar los usos del territorio y compatibilizar la conservación con la actividad humana, el disfrute público y la recuperación agraria, desde criterios de sostenibilidad e identidad territorial. Al mismo tiempo, los municipios reclaman que la futura ley sea aplicable a la realidad local, aporte seguridad jurídica, simplifique trámites y venga acompañada de recursos y apoyo técnico para poder gestionarla sin desigualdades entre ayuntamientos. La mayoría coincide en que aprovechará el periodo de alegaciones para plantear mejoras y reforzar el consenso político, aunque desde la bancada socialista se critica que la norma llega tarde y se pide mayor contundencia en ámbitos clave como urbanismo, movilidad y turismo.

En este sentido, el alcalde de Calvià, Juan Antonio Amengual (PP), defiende que la futura ley “va a dar una oportunidad única” al municipio para desarrollar actividades “de forma ordenada, sostenible y con criterio”, y recalca la importancia de contar con una normativa que permita y regule el desarrollo sostenible de los espacios naturales de la Serra. Amengual situa el foco en la Finca Pública de Galatzó, que representa el 10% del término municipal —unas 1.400 hectáreas— y que, a su juicio, tiene un “enorme potencial” como santuario de especies protegidas o en peligro y como espacio para recuperar actividades agrarias tradicionales. A ello suma su atractivo para residentes y turistas gracias a las rutas de senderismo, así como la existencia de una hospedería y el complejo de casas de Galatzó, en continua reforma y mejora. “Queremos que la finca sea un espacio sostenible, de referencia medioambiental y que se mantenga vivo. La conservación debe ser compatible con la actividad humana”, señala, animando además a participar en el periodo de alegaciones: “Esperemos que todo el mundo que tenga algo que decir u opinar, lo diga ahora”.

"La futura ley va a dar una oportunidad única a Calvià para desarrollar actividades de forma ordenada, sostenible y con criterio

Juan Antonio Amengual

— Alcalde de Calvià

También la alcaldesa de Andratx, Estefanía Gonzalvo (PP), valora positivamente el papel de la futura ley en la protección del entorno y su identidad, “apostando por un equilibrio entre conservación, actividad agraria y vida local”. Gonzalvo reclama que el texto tenga en cuenta la realidad municipal, aporte seguridad jurídica, simplifique los trámites y regule el uso público para garantizar la sostenibilidad del territorio. Desde Alaró, el alcalde popular, Llorenç Perelló, se muestra satisfecho con la presentación del proyecto al considerar que ayudará a simplificar trámites y a aclarar interpretaciones en un contexto que define como una “maraña administrativa” de leyes y normativa. En su opinión, la futura ley puede contribuir a despejar dudas y facilitar la aplicación de determinadas normas urbanísticas y ambientales.

"La financiación para los ayuntamientos será clave"

Josep Ferrà

— Alcalde de Esporles

En Esporles, el consistorio celebra disponer por fin del texto del anteproyecto para poder analizarlo con detalle durante la exposición pública y formular aportaciones “para mejorarlo”. El alcalde de MÉS, Josep Ferrà, comparte el objetivo de reforzar la protección y la gobernanza de la Serra, pero advirte de que el documento debe incorporar mejor la realidad y las necesidades de los municipios que viven y gestionan el territorio a diario. Entre las prioridades, subraya que la financiación para los ayuntamientos será clave: el cumplimiento de los objetivos de conservación, gestión y sostenibilidad —remarca— solo será posible si va acompañado de recursos suficientes y estables. Con esta premisa, adelanta que durante los dos meses de alegaciones trabajarán “con voluntad constructiva” para que la ley sea útil, aplicable y equilibrada para los pueblos de la Serra.

“Si tiene que ser una ley de PP y Vox, apaga y vámonos”

Martí March

— Alcalde de Pollença

La visión más crítica llega desde Pollença. Su alcalde, el socialista Martí March, que no pudo asistir al acto de presentación por encontrarse en Madrid, ha admitido que aún no conoce en profundidad el contenido del texto, pero considera que la norma “llega tarde” y lamenta que “ya no podrá aplicarse en la actual legislatura”. March reprocha además que no se haya tenido en cuenta el anteproyecto elaborado por el anterior pacto de progreso y defiende que la ley debería contar con el máximo de “consenso real” entre todos los grupos parlamentarios. “Si tiene que ser una ley de PP y Vox, apaga y vámonos”, advierte. Por último, March ha pedido más contundencia para regular cuestiones que considera primordiales para la Serra de Tramuntana, como el urbanismo, la movilidad y el turismo: “Si solo gestiona temas menores, no me interesa”.

En Deià, el alcalde Joan Ripoll (Agrupació Deià) apunta que la ley “parece que ha de estar bien” y destaca que esté consensuada con ámbitos y sectores vinculados a la Serra. Ripoll pone en valor la agilidad burocrática que puede aportar y la simplificación de permisos necesarios para impulsar o recuperar usos agrícolas y ganaderos, como la restauración de olivares o tierras de cultivo. No obstante, advierte del riesgo de agravio comparativo en materia urbanística entre municipios con distinta capacidad técnica, y pide apoyo para los ayuntamientos con menos recursos humanos, de modo que puedan contar puntualmente con personal técnico que les ayude a tramitar licencias y expedientes.

Desde Sóller, el alcalde popular, Miquel Nadal, tiene una opinión muy positiva porque la normativa “protege la Serra”. Además, destaca, que se han escuchado a los Ayuntamientos. Entre sus puntos a destacar, celebra la protección de la actividad agrícola y del paisaje natural. Invita a hacer las aportaciones necesarias para mejorar el texto. El alcalde solleric aboga por el consenso y celebra que con esta noma se proteja el “paisaje cultural, el patrimonio, la manera de vivir y su gente”.

"La prioridad es que se preserve la Serra y sus residentes"

Leonor Bosch

— Alcaldesa de Banyalbufar

Por su parte, la alcaldesa de Banyalbufar, Leonor Bosch (El Pi), remarca que su prioridad es que "se preserve la Serra y sus residentes". "Esta ley debe ayudar a los habitantes de la Serra a conservar su patrimonio particular, a poder vivir allí por generaciones, a la vez que se preserva el patrimonio, la cultura y la naturaleza de la Serra". "Como partido y en diferentes instituciones hemos ido haciendo aportaciones, tanto con la izquierda como con la derecha, y ahora estudiaremos en detalle si se han recogido como habíamos dicho. Haremos una jornada de cargos electos y comités del Pi de la Serra y de los consellers para analizar en profundidad la Ley y poder hacer las aportaciones que consideremos positivas", asevera.

Fase clave

Con el texto ya en exposición pública, la futura Ley de la Serra de Tramuntana inicia ahora una fase clave: la de recoger alegaciones y ajustar el articulado para lograr una norma que, según coinciden los municipios, proteja el paisaje cultural y a la vez sea gestionable, equilibrada y acompañada de medios para los pueblos que conviven y cuidan el territorio cada día.

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