Normativa
La futura Ley de la Serra permitirá celebrar eventos en las ‘possessions’ y fijar límites a las pruebas deportivas
El anteproyecto fue presentado por el Consell este miércoles en la finca municipal de Galatzó, ante alcaldes de la Tramuntana y representantes económicos y sociales del territorio
El presidente Galmés destacó que será “una herramienta para proteger el paisaje cultural amparada por la declaración de la Unesco"
Al texto normativo aún le quedan por delante dos meses de periodo de alegaciones y someterse después a la validación del Parlament

Autoridades insulares y municipales, este miércoles, en la finca Galatzó / Consell
La futura Ley de la Serra de Tramuntana, cuya tramitación ha puesto en marcha el Consell de Mallorca, prevé multas de hasta un millón de euros por causar daños irreversibles al paisaje cultural, recoge la posibilidad de fijar restricciones de acceso ante episodios de masificación y amplía los usos autorizados a las possessions para garantizar su viabilidad económica (como la organización de eventos), con la condición de que no aumenten la superficie construida.
El anteproyecto legislativo, al que aún le quedan dos meses de alegaciones y la validación posterior por parte del Parlament, fue presentado este miércoles en un gran acto institucional en la finca municipal de Galatzó (Calvià), al que acudió una amplia representación del Consell, encabezada por el presidente, Llorenç Galmés, así como alcaldes y alcaldesas de la Serra y representantes del sector primario y de asociaciones vinculadas al territorio.
Esta ley, proclamó Galmés, será “una herramienta para proteger el paisaje cultural amparada por la declaración de la Unesco, fruto del diálogo con ayuntamientos, propietarios y todos los sectores implicados”. Una ley, agregó, que “huye de las prohibiciones y se fundamenta en la colaboración, la simplificación administrativa y el desarrollo económico sostenible”.
El encargado de exponer los puntos clave del nuevo texto normativo fue el conseller insular de Presidencia, Antoni Fuster, quien resaltó que ésta “quiere ser una ley para la gente de la Serra, para quien vive, para quien trabaja y para quien la cuida cada día”.

Galmés, en un momento de su intervención / Consell
De la detallada exposición que ofreció a los asistentes, sobresalieron varios temas, como el régimen sancionador previsto por la futura normativa, que tipifica infracciones leves, graves y muy graves, con multas que van desde los 150 euros hasta el millón de euros. Entre las infracciones muy graves figuran el provocar daños irreversibles a elementos esenciales del paisaje cultural, deteriorar o arrancar oliveras o alzinas monumentales. El importe recaudado se destinará a la recuperación de marges, sistemas hidráulicos y otros elementos patrimoniales.
Pruebas deportivas
La regulación tiene en cuenta también el debate ciudadano, ecologista y político abierto en los últimos años a raíz de la masificación en la Serra, donde especialmente la organización de pruebas deportivas y las carreras ilegales de motos de particulares han causado una gran controversia social. En este sentido, Fuster expuso que el Consorci de la Serra, organismo insular que ganará peso regulador con la nueva ley, podrá proponer restricciones de acceso en determinados lugares o momentos del año cuando se produzcan masificaciones que pongan en riesgo el patrimonio o impidan su disfrute en condiciones adecuadas.
La ley huye de las prohibiciones y se fundamenta en la colaboración, la simplificación administrativa y el desarrollo económico sostenible
En materia de actividades deportivas y eventos, el texto faculta al Consorci para proponer la limitación del número máximo anual de competiciones y para minimizar su impacto. Además, se contempla prohibir la circulación recreativa de quads y otros vehículos a motor por caminos no asfaltados de la Serra. Respecto a la contaminación lumínica y acústica, la norma habla de “crear por primera vez un órgano de coordinación interinstitucional con capacidad para adoptar decisión conjuntas entre administraciones”.
Las ‘possessions’
Uno de los capítulos con mayor incidencia económica afecta a las possessions catalogadas. La futura ley prevé permitir actividades agrarias y complementarias, así como usos culturales, científicos, recreativos o la celebración de eventos (como congresos, conciertos, acciones publicitarias), sin necesidad de declaración de interés general, siempre que se desarrollen en edificaciones legalmente existentes, no supongan incremento de volumen ni superficie y sean compatibles con la protección patrimonial.
Sobre este tema, Fuster argumentó que, hoy en día, es "poco rentable" mantener estas propiedades, por lo que defendió que la nueva regulación permitirá "generar rendimientos económicos" que hagan viable el mantenimiento de estas fincas para evitar su abandono y garantizar la conservación del patrimonio".
Por otro lado, el conseller insular remarcó que la ley amplía además el ámbito territorial de aplicación para incorporar fincas y núcleos históricamente vinculados a la Serra que habían quedado fuera del trazado inicial establecido por la protección de la Unesco, al tiempo que establece que cualquier proyecto que pueda afectar a los valores que justificaron la declaración deberá someterse a una evaluación de impacto patrimonial específica.
Una de las grandes demandas del sector público y privado ha sido la de simplificar, no ahogar en papeles. Esta ley responde a esto. El objetivo es prevenir fosilización de los usos. La protección no puede convertir la Serra en un museo intocable
Otro aspecto de la ley en que incidió Fuster fue en el de la "simplificación administrativa". "Una de las grandes demandas del sector público y privado ha sido la de simplificar, no ahogar en papeles. Esta ley responde a esto. El objetivo es prevenir fosilización de los usos. La protección no puede convertir la Serra en un museo intocable. Queremos una Serra viva y la ley obliga a no bloquear actuaciones que sean necesarias, por ejemplo de conservación", manifestó.
Camino legislativo
La proposición de ley inicia ahora su proceso de participación pública, con la apertura de un periodo de alegaciones de dos meses, hasta el 15 de abril, para que ayuntamientos, entidades y ciudadanía puedan analizar el texto y presentar sus aportaciones. Además, el Consell llevará a cabo una nueva ronda de reuniones con los municipios y los sectores implicados para continuar recogiendo propuestas y avanzar hacia el "máximo consenso", según destacaron desde la institución insular.
Suscríbete para seguir leyendo
- Las playas de Magaluf y Santa Ponça no podrán abrir este domingo por los impagos del adjudicatario que ahora gestionará Ciutat Jardí
- Caída de visitantes en el centro de Sóller: preocupación en bares y restaurantes
- Seis años sin poder recuperar su piso en Llucmajor: ‘La inquilina me debe más de 50.000 euros de alquiler’”
- Unas obras con maquinaria pesada destruyen un camino público histórico en Capdepera
- La cooperativa agrícola s’Esplet de sa Pobla despide a sus 19 trabajadores y cesa la actividad
- Saltos extremos en la Serra, la nueva práctica que amenaza a zonas protegidas
- Vecinos de Llucmajor se organizan para reclamar la devolución de la tasa de basuras por el servicio 'deficiente
- “Los payeses dejarán de cultivar la tierra”: los cinco frentes que golpean al campo de Mallorca
