La cesión de Teixidores podría acabar ante los tribunales por los perjuicios urbanísticos a los vecinos
Los afectados reclaman conocer con exactitud el impacto que tendrá la construcción de viviendas sociales en la configuración de sus parcelas
La actual plaza de les Teixidores en Sóller. / J. Mora
El futuro urbanístico de los terrenos que rodean la plaza de les Teixidores, en Sóller, se encuentra sumido en la incertidumbre como consecuencia del proyecto que quiere impulsar el ayuntamiento para construir 24 viviendas sociales ocupando la plaza.
Los propietarios de las parcelas colindantes han manifestado su preocupación ante el proyecto impulsado por el equipo de gobierno del Partido Popular, que pretende ceder este espacio público al Instituto Balear de la Vivienda (Ibavi) para la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO). Según denuncian los afectados, esta operación dejaría sus propiedades en un limbo legal y urbanístico, dado que el Ayuntamiento no ha concretado cómo quedarían sus terrenos si el desarrollo de la plaza se ejecuta de manera aislada y sin una planificación integral.
La clave del conflicto reside en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Sóller, el cual establece que la plaza de les Teixidores y los terrenos circundantes forman una unidad de ejecución urbanística. Esto implica que cualquier intervención debería contemplar la totalidad del suelo (tanto el público como el privado) para garantizar un crecimiento armónico de acuerdo al PGOU, que prevé la apertura de una calle de conexión entre Andreu Coll y Adela Oliver, además de zonas edificables y una plaza pública integrada.
Sin embargo, si el consistorio consuma la cesión de la plaza al Govern balear, esta unidad de ejecución quedaría bloqueada de facto, imposibilitando el desarrollo previsto y paralizando los derechos de los propietarios adyacentes.
Ante esta situación de “indefensión” y la “falta de información” precisa por parte de la administración local, los vecinos exigen que, antes de realizar cualquier movimiento, el ayuntamiento aclare los detalles técnicos y garantice el mantenimiento de sus derechos urbanísticos. Los afectados reclaman conocer con exactitud el impacto que tendrá la construcción de viviendas sociales en la configuración de sus parcelas, recordando que sus derechos están amparados por el PGOU vigente desde 1998. En este sentido, el colectivo vecinal ya ha advertido que no descarta recurrir a la vía legal para defender sus intereses y evitar que una decisión política comprometa definitivamente el valor y el uso de sus terrenos.
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