Cierre ilegal de caminos públicos en Mallorca: la lucha de David contra Goliat

Cuando Mallorca era una isla rural, los caminos que conectaban las poblaciones y las grandes ‘possessions’ eran las venas del territorio por las que circulaban personas y mercancías. Nadie cuestionaba la importancia de estas vías de comunicación que ejercían un papel vital en la vida de la gente.

La llegada del progreso implicó la construcción de carreteras que poco a poco sustituyeron a los caminos endémicos. Estos han ido cayendo en el olvido por falta de uso y mantenimiento, lo que ha facilitado la usurpación silenciosa de muchos de ellos, un fenómeno que se ha multiplicado desde los años 90, abonado por el inquietante cambio experimentado en la ‘foravila’, hoy percibida como una gran zona residencial en la que muchos de sus nuevos moradores no quieren ser molestados y colocan candados en las vías históricas que pasan por sus fincas, creyendo que forman parte de ellas.

El cierre ilegal de los caminos no se ha detenido. Sigue pasando con más frecuencia de la que sería deseable, pero es cierto que ya no sale tan barato como antes porque la concienciación popular es ahora mayor. Esta sensibilidad creciente se alimenta de pequeñas victorias populares que se traducen en sentencias judiciales que de forma cada vez más habitual, aunque todavía insuficiente, obligan a reabrir senderos históricos para el uso y disfrute de la ciudadanía. Es una guerra de David contra Goliat en la que el hondero empieza a ganar batallas al gigante, que en este caso no es solo el propietario poderoso, también el desinterés institucional y la lentitud de la justicia.

Y sin el trabajo desinteresado y militante de la plataforma pro camins públics no habría esperanza. Este grupo de voluntarios reconvertidos en investigadores, que actúa como una organización transversal y horizontal, hace el trabajo que debería ejecutar la administración, que nunca ha considerado la causa de los caminos públicos como prioritaria y se muestra perezosa a la hora de defender su propio patrimonio porque en numerosos casos ello supone enfrentarse a vecinos influyentes que no escatiman gastos a la hora de preparar sus estrategias judiciales. En otros ejemplos, la falta de respuesta institucional es por pura desidia, tal vez porque no hay rédito electoral en solucionar un conflicto localizado en zonas rurales o forestales alejadas de los centros urbanos frecuentados por los votantes potenciales.

Más de 200 caminos públicos están cerrados actualmente en Mallorca. Unos desde hace décadas, otros de cierre más reciente. Y hay un tercer grupo en los que el candado todavía no ha sido colocado, pero es cuestión de tiempo.

Es el caso del Caló des Moro (Santanyí), en el que los propietarios de la finca pretenden barrar el acceso a una de las calas más masificadas de la isla. Se avecina polémica, porque tal y como indica la plataforma procamins, el acceso a la costa está protegido por la ley, y si se cierra el actual, tiene que haber una entrada alternativa.

En cualquier caso, y teniendo en cuenta que queda mucho camino por recorrer, en las últimas semanas se han producido algunas noticias que invitan al optimismo desde el punto de vista del interés general. Casos en los que David ha tumbado a Goliat.

Tal vez el más mediático es el caso del camino de Bàlitx d’Enmig, en Sóller, en el que la familia propietaria, los March, ha tenido que retirar la barrera que cerraba el paso del camino público de sa Costera desde principios de la pasada década a instancias del Ayuntamiento, presionado a su vez por la Agència de Defensa del Territori del Consell, que había empezado a cobrar multas coercitivas al Consistorio por no actuar en la reapertura del sendero, integrado en la Ruta de la Pedra en Sec.

Otra batalla ganada por el interés comunitario es la sentencia que declara como público el Camí de Bunyola a Alaró, pasando por Santa Maria, y obliga a retirar los cerramientos colocados en la finca de Es Cabàs (Santa Maria). Han sido doce años de litigios judiciales que finalmente han dado la razón a los vecinos que defendían la existencia del camino desde tiempos inmemoriales.

En este caso, la sentencia recoge los testimonios de gente de edad avanzada que pudo explicar ante el tribunal sus experiencias personales, que acreditaban el uso público del camino desde que ellos eran niños.

De hecho, en muchos de estos casos en los que la documentación escrita no es abundante, la participación de gente mayor es vital para probar la titularidad pública de las vías. «El problema», afirma el ‘manacorí’ Sebastià Gaià, de la plataforma procamins, «es que esta gente ya es mayor y se va muriendo». Por ello es fundamental que estos casos no se eternicen.

Es Fangar, la gran victoria

La apertura de los caminos públicos de la extensa finca de es Fangar (Manacor), en el año 2009, es recordada como una de las primeras grandes victorias de la lucha popular a favor de los caminos públicos, un punto de inflexión que marcó la hoja de ruta en las estrategias para afrontar estos conflictos. Y se logró, tras muchos años de reivindicaciones, con un acuerdo entre la plataforma y el propietario alemán del predio, el multimillonario Peter Eisenmann, mediante el que el camino histórico se desviaba para alejarlo unos 100 metros de las casas y a cambio la propiedad entregaba casi 200.000 metros cuadrados de la finca para usos sociales.

El activista Sebastià Gaià, que siguió de cerca todo el proceso, explica que «no pasa nada por llegar a acuerdos con los propietarios, si se tiene que cambiar parte del trazado de un camino, se hace porque nadie pierde».

El caso de es Fangar quedará para la historia, pero queda mucho bacalao por cortar y en la mayoría los propietarios no quieren saber nada de llegar a acuerdos. Al contrario, en algunos casos se muestran muy beligerantes contra los movimientos populares, como la propiedad de la finca de s’Heretat, en Bunyola, cuya denuncia derivó en una condena penal contra un vecino por participar de forma «activa» en una marcha reivindicativa a favor de la apertura del camino de Passatemps.

En otros casos, hacen caso omiso a la justicia. Los dueños de la finca que barra el paso en el Camí Vell de Sineu a Costitx mantienen la barrera a pesar de que hay dos sentencias que obligan a la reapertura, sin que los ayuntamientos de ambos municipios hayan aún reclamado la ejecución de la orden judicial.

Enumerar todos los caminos que permanecen cerrados en Mallorca es tarea muy difícil. Los hay en casi todos los municipios, siendo los de Pollença y Manacor los más perjudicados.

En el del Nord, la reciente recuperación de un tramo del Camí Vell de Bòquer casi ha causado la ruptura del gobierno municipal progresista. La plataforma ‘pollencina’ ha recordado que existen muchos otros caminos por recuperar y por ello solicita al alcalde Martí March el mismo interés en otros casos históricos entre los que destaca el deTernelles, otro símbolo de la lucha procaminos en el que la familia propietaria, (también los March), ha logrado que la justicia catalogue el camino como privado, si bien la plataforma sigue sosteniendo que existen «más de 140 documentos históricos que avalan su condición pública». La lucha por garantizar la servidumbre de paso por el camino que conduce a Cala Castell todavía debe librarse.

En Manacor, se calcula que hay unos 30 caminos cerrados. Hoy, la lucha se concentra en gran parte en el popular camí de sa Roca, contra cuyo cierre se ha organizado una marcha de protesta el próximo 6 de abril, pero también tocará defender el acceso libre, hoy amenazado por un grupo de propietarios, a las calas vírgenes del municipio, para el que ya había un juicio fijado el pasado noviembre que finalmente se ha aplazado y a día de hoy sigue sin fecha.

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