El TSJIB declara improcedente el despido de una delegada sindical en el Ayuntamiento de Santa Margalida
El sindicato UGT ha lamentado que la "mala praxis" del consistorio suponga que se tenga que pagar una indemnización que supondrá "11 euros por habitante"
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares. / EP
El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) ha declarado improcedente el despido de una delegada sindical de UGT cesada en junio de 2024 por el Ayuntamiento de Santa Margalida durante un proceso de estabilización.
Esta sentencia, según ha celebrado UGT en una nota de prensa, se suma a otra también favorable al sindicato de un Juzgado de lo Social, de modo que los dos ceses consecutivos de las dos delegadas de UGT en el Ayuntamiento han sido declarados improcedentes.
Para el sindicato, estas resoluciones judiciales demuestran las "actuaciones irregulares" en materia laboral de este Ayuntamiento y "las prácticas de persecución sindical que realiza la institución contra los representantes de los trabajadores".
Según los cálculos de UGT, las indemnizaciones que se tendrán que abonar a las trabajadoras superan los 150.000 euros, a los que habrá que añadir las costas judiciales y los gastos de asesoramiento jurídico.
"El dinero saldrá de las arcas municipales y, por tanto, del bolsillo de las vecinas y vecinos del municipio. Solo por las indemnizaciones tocan a 11 euros por habitante", ha subrayado la organización sindical.
Igualmente, ha lamentado que la "mala praxis" de la administración local tenga consecuencias directas para la ciudadanía que, además, "se podía haber evitado si se hubieran respetados los derechos laborales y sindicales".
En este sentido, desde UGT Servicios Públicos han sostenido que hace años que "se acosa" a los delegados del sindicato en el Ayuntamiento de Santa Margalida.
Esta situación, han asegurado, ha derivado en "ceses improcedentes, expedientes disciplinarios injustificados y cambios de destino que, en la práctica, han supuesto auténticos destierros laborales, con pérdidas económicas y personales para quienes ejercen legítimamente la representación sindical".
Así, han puesto de manifiesto que el último episodio se ha producido tras denunciar el malestar existente en la Policía Local por el sistema de cuadrantes.
"La respuesta de la administración no ha sido abordar el problema, sino represaliar a los representantes sindicales, recortándoles vacaciones y días libres", han denunciado públicamente desde el sindicado.
Asimismo, han reiterado su preocupación por que "una estrategia de acoso y derribo" contra la representación sindical termine judicializándose de forma sistemática, ya que "obliga a la ciudadanía a asumir los costes económicos de decisiones injustas e ilegales".
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