Caminos públicos
Bunyola celebra la "histórica" sentencia que declara público el camino de Alaró
La alcaldesa Marian Serralta acompañó al 'bunyolí' Llorenç Riera a declarar como testigo en el juicio: "Es una victoria colectiva que refuerza la importancia de defender el patrimonio público frente a cualquier intento de privatización u olvido"

La alcaldesa Marina Serralta y el vecino Llorenç Riera, gran conocedor de los caminos del municipio. / Ajuntament
El Ayuntamiento de Bunyola ha expresado este lunes su "satisfacción" por la sentencia judicial que "confirma de forma definitiva el dominio público del camino que une Bunyola con Alaró, y que pone fin a un largo proceso de reivindicación social e institucional", subraya la institución municipal.
La alcaldesa de Bunyola, Marian Serralta, ha querido hacer público su "agradecimiento" a todas las personas que han luchado por esta causa, y especialmente al ''bunyolí' Llorenç Riera, que acudió al juicio como testigo.
“Desde el Ayuntamiento de Bunyola expresamos nuestra satisfacción por la sentencia”, dice Serralta, que destaca “el esfuerzo y la dedicación de tantas personas a las que estamos agradecidos, como Llorenç Riera, a quien tuve el placer de acompañar a prestar su testimonio como gran conocedor de los caminos y de la montaña, y sin el cual creo que hubiese sido muy difícil conseguir esta meta tan importante para el pueblo de Bunyola y su gente”.
"Se trata de un hecho histórico, que supone una gran alegría para el pueblo de Bunyola. Recuperar el dominio público de un camino como este es defender nuestra identidad, la memoria colectiva y el derecho de todo el mundo a acceder al territorio", recalca la alcaldesa, que ha reiterado la satisfacción por haber podido acompañar personalmente a Llorenç Riera en este camino que demuestra el carácter público de este sendero que tantas personas han reivindicado con argumentos, documentos y recuerdos vividos".
El Ayuntamiento de Bunyola considera que este reconocimiento es una "victoria colectiva", y que refuerza la importancia de defender el patrimonio público ante cualquier "intento de privatización u olvido".
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