Los policías son los agentes del alcalde

Ya no se trata solo de indagar si el controvertido Rafael Fernández maniobró a conciencia para apartar a un policía local de la carrera profesional. Convendría también, de forma paralela, documentar si resulta oportuno modificar los modos de organización y control de los funcionarios locales de uniforme. Lo decimos porque el caso de Capdepera que la Audiencia devuelve ahora al juzgado motivando su investigación, se parece demasiado a lo que está pasando últimamente en Santa Margalida y guarda aproximaciones con episodios vividos en Llucmajor o Binissalem, por ejemplo, aparte de otros larvados en distintos municipios.

Los cuerpos de Policía Local no pueden estar sujetos a maleabilidad ni docilidad en relación al alcalde de turno. No los forman hombres y mujeres al servicio de la autoridad personal a modo de jefe de empresa, pero los incidentes y tentativas de este tipo que salpican la estructura municipal de Mallorca dejan patente que hay demasiadas maniobras en tal dirección. El primer coste, aparte de cada situación individual de los agentes, es la desconfianza generada en la ciudadanía.

Los indicios de presunta prevaricación y acoso laboral que vuelven a apuntar ahora al exalcalde socialista de Capdepera no son materia menor. Rafael Fernández mantiene un denso lastre. Clarificarlo significar dar pasos en busca de la normalidad.

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