Una funcionaria de Santa Margalida admite ante la jueza que fue contratada a dedo

Una funcionaria que había trabajado en el Ayuntamiento de Santa Margalida admitió este pasado jueves en el juzgado de Inca que había sido contratada sin que formara parte de ninguna bolsa de interinos y sin realizar ninguna prueba selectiva.

La extrabajadora municipal declaró en calidad de testigo en el caso de presunta prevaricación administrativa que investiga la magistrada del juzgado de instrucción número 3 de Inca a raíz de una querella interpuesta por tres agentes de la Policía Local contra el exalcalde Joan Monjo, el jefe de la Policía Local y la secretaria municipal por presuntas irregularidades como nombramientos ‘a dedo’, permutas de policías que no habrían cumplido los requisitos o la falta del nivel de catalán necesario para que el subinspector de la Policía Local pueda ejercer el cargo.

Además de la funcionaria que habría sido contratada ‘a dedo’, también estaban citados a declarar los tres agentes denunciantes, que ratificaron la querella, y otros cuatro testigos entre los que figuraban la actual alcaldesa de Llubí, Magdalena Perelló, y tres agentes de la policía que formaron parte de permutas presuntamente fraudulentas, según los denunciantes.

El exalcalde de Santa Margalida Joan Monjo y el jefe de la Policía Local, Manuel Gallardo, han solicitado a la jueza ser los últimos en declarar y todavía no hay fecha para que acudan al juzgado a pesar de que su comparecencia ya se ha aplazado en diversas ocasiones. La secretaria municipal, por su parte, ya declaró el pasado mes de septiembre, culpando al entonces alcalde Monjo de la toma de las decisiones que están bajo investigación judicial.

Una de las cuestiones que se están investigando en este caso es la permuta entre dos policías de Santa Margalida que cambiaron sus plazas con otros dos agentes que prestaban sus servicios en Llubí y en Escorca y que pasaron a engrosar la plantilla policial de la Vila.

De momento se ha tomado declaración en calidad de testigos a tres de estos agentes y también a la alcaldesa de Llubí, cuyo Ayuntamiento había autorizado la permuta solicitada por uno de sus policías. En su declaración, Magdalena Perelló aseguró que este cambio benefició a todas las partes, aunque admitió que la institución municipal tenía conocimiento de que no se cumplía uno de los requisitos necesarios para llevar a cabo las permutas y que obliga a los agentes que permutan sus plazas a haber estado al menos cinco años como funcionario de carrera. La alcaldesa explicó que, a pesar de esta irregularidad, la junta de gobierno del Ayuntamiento decidió aprobar la operación y añadió que la permuta había sido “muy favorable” para todas las partes.

En relación a las contrataciones presuntamente irregulares de funcionarios, los tres policías que han presentado la querella denuncian que habría al menos tres casos de contrataciones ‘a dedo’, sin pasar por los procesos selectivos pertinentes. Durante su declaración del jueves, estos agentes aseguraron que no sabían que la secretaria municipal había emitido un informe desfavorable a la contratación de personal y sostuvieron que esta funcionaria debería haber denunciado estas presuntas irregularidades y no solo limitarse a firmar un informe desfavorable.

Los testigos defienden sus actuaciones

Por su parte, los diferentes testigos que declararon ante la jueza explicaron que estaban “convencidos” de que los procedimientos seguían todos los pasos legales. La funcionaria que admitió que no formaba parte de ningún bolsín de interinos aseguró que fue contratada como auxiliar administrativa y también como integrante de la brigada de mantenimiento y añadió que cumplió con sus obligaciones mientras estuvo en el Ayuntamiento de Santa Margalida. También acusó a uno de los policías querellantes de burlarse de ella y hacerle fotografías en su puesto de trabajo.

Uno de los policías que formaron parte de una de las permutas que se investigan, por su parte, explicó que los agentes denunciantes le habrían “acosado” porque estaba de acuerdo con las decisiones del subinspector jefe. Los agentes que declararon como testigos subrayaron que las permutas se realizaron con el visto bueno de todas las partes y que creían que contaban con la autorización del Instituto de Seguridad Pública de les Illes Balears (Ispib), entidad a la que la jueza solicitará un informe para conocer el funcionamiento legal de las permutas.

También defendieron la labor del jefe de la Policía Local y el sistema de reparto de las horas extraordinarias, una cuestión que ha provocado un gran malestar entre un sector de la plantilla policial. Según estos testigos, las horas extra se ofrecían a todos los agentes, aunque “siempre se acaban apuntando los mismos”.

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