Los presupuestos revelan grandes brechas entre municipios de Mallorca en protección social

Los presupuestos municipales de 2025 sirven para hacerse eco de las actuaciones de protección y promoción social que realizan los municipios de la isla, aunque con fuertes contrastes entre ellos cuando se analiza el gasto por habitante y su peso en el conjunto de las cuentas locales, según se desprende del informe anual elaborado por la Secretaría de Estado de Hacienda.

Mientras algunos ayuntamientos destinan varios millones de euros a este capítulo, otros apenas superan importes simbólicos, e incluso existen municipios sin datos consignados (Puigpunyent, Palmanyola o Binissalem), lo que dibuja un mapa desigual de la política social en la isla.

Palma, como capital y municipio más poblado, concentra el mayor volumen absoluto de recursos dedicados a protección y promoción social, con 50,65 millones de euros. Esta cifra la sitúa como motor de la inversión social insular.

Entre los grandes municipios, Calvià, con 53.793 habitantes, aparece como uno de los ayuntamientos que más recursos destinan a protección y promoción social, con 13,22 millones de euros sobre un presupuesto de 124,57 millones. La cifra sitúa a este municipio turístico en el grupo de cabeza de la inversión social en términos absolutos. Manacor, con 49.153 habitantes, también se coloca en el bloque alto, con 3,79 millones para protección y promoción social.

Llucmajor y Marratxí, dos de los grandes municipios de la corona metropolitana de Palma, muestran igualmente cifras significativas, aunque con perfiles distintos. Llucmajor, con 40.502 habitantes, consigna 4,87 millones de euros en políticas sociales sobre un presupuesto que roza los 49,65 millones, mientras que Marratxí, con una población muy similar (40.422 habitantes), destina 4,87 millones a este mismo capítulo dentro de unos gastos cercanos a los 39,31 millones.

Otros núcleos de tamaño considerable, como Inca y Felanitx, se situan en una posición intermedia-alta en la escala social insular. Inca, con 36.262 habitantes, reserva 4,24 millones de euros a actuaciones de protección y promoción social, insertada en un presupuesto global que se aproxima a los 43,5 millones. Felanitx, con 19.146 habitantes, destina 2,33 millones a este capítulo.

Gasto social

La fotografía cambia cuando se desciende a municipios medianos y pequeños, donde el volumen absoluto de gasto social se reduce pero el esfuerzo por habitante puede llegar a ser muy más elevado. Artà, con 8.629 habitantes, sobresale con 2,76 millones de euros en protección y promoción social, mientras que Muro, con 8.398 habitantes, también registra una cifra alta, con 3,54 millones dedicados a este capítulo dentro de un presupuesto que se sitúa en torno a los 19,98 millones.

En la franja de municipios turísticos medianos, Santanyí, Capdepera, Pollença o Son Servera dedican partidas relevantes a las políticas sociales, aunque con matices. Santanyí, con 13.067 habitantes, incluye 1,59 millones para protección y promoción social en un presupuesto que ronda los 29,73 millones, mientras que Capdepera, con 13.135 habitantes, consigna 1,95 millones a este mismo capítulo. Pollença, que cuenta con 17.807 habitantes, eleva la partida social hasta los 2,52 millones, y Son Servera, con 12.417 habitantes, reserva 2,35 millones a políticas sociales.

En la Serra de Tramuntana y en el interior de la isla se dibuja un mapa muy diverso, en el que municipios como Sóller, con 13.882 habitantes y un presupuesto total de 21,66 millones, realizan un notable esfuerzo en protección y promoción social, con 4,76 millones destinados a este capítulo. En contraste, localidades muy pequeñas como Banyalbufar, Estellencs, Escorca o Fornalutx, con poblaciones que oscilan entre los 199 y los 743 habitantes, apenas pueden dedicar cuantías mucho más reducidas a la política social, lo que refleja la dificultad de sostener una cartera amplia de servicios con bases fiscales muy limitadas.

Esta situación que de desenvuelve entre recursos escasos y necesidades crecientes se repite en pueblos como Sencelles, Sant Joan o Maria de la Salut, donde las partidas de protección y promoción social son modestas en términos absolutos pero relevantes en relación con su tamaño. En el otro extremo, municipios pequeños como Ariany, Santa Eugènia o Vilafranca de Bonany refuerzan este patrón, vinculando sus políticas sociales a la proximidad en la gestión y a la voluntad de no dejar desatendidas a las personas más vulnerables pese a la estrechez presupuestaria.

Esta falta de homogeneidad en los datos, sumada a la existencia de presupuestos prorrogados y clasificaciones económicas parciales, añade complejidad a la comparación entre territorios, lo que refleja una Mallorca donde la protección social depende en gran medida del municipio de residencia.

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