Código ético
Los concejales de Alcúdia no pueden gastar más de 30 euros en comidas ni contratar taxis en Mallorca tras el escándalo del edil de Vox
El Ayuntamiento aprueba un código ético por el que se blinda contra casos de gastos injustificados como el que costó el cargo al exregidor de Turismo, Juan Mateu Gual (Vox), el pasado febrero

Imagen de un pleno celebrado esta legislatura en Alcúdia. Juan Mateu Gual es el tercero por la derecha (con americana azul y gafas). / DM

El nuevo código ético para cargos electos y personal eventual del Ayuntamiento de Alcúdia que entró en vigor el pasado 16 de diciembre trata de blindar a la institución municipal contra los gastos injustificados por parte de regidores municipales y cargos de confianza como los que costaron el cargo al anterior responsable de Turismo de Vox, Juan Mateu Gual, el pasado mes de febrero. El nuevo reglamento municipal pretende establecer un “marco de conducta ética” para los concejales y personal eventual para evitar casos como el de Mateu Gual y fija límites a las cantidades que pueden gastar de dinero público tanto en transportes y aparcamientos como en alojamientos y manutención.
Así, en lo que se refiere a los gastos de manutención, el Ayuntamiento de Alcúdia reembolsará a los ediles y personal eventual un máximo de 30 euros por persona en comidas si se celebran en el Estado español y de 50 euros si se producen en un país extranjero, siempre que se justifique el importe y el motivo de estos gastos.
Respecto a los alojamientos con cargo al erario público que el pesonal municipal contrate, el nuevo código ético afirma que “se debe procurar que estos gastos sean lo más ajustados posible para cumplir el principio de austeridad”. Si bien no fija una cantidad máxima, el reglamento insta a “priorizar el uso de establecimientos de gama media”.
Los gastos de transporte y de aparcamientos también deberán someterse a una serie de limitaciones contempladas en el nuevo código ético, entre las que figura la prohibición del uso del taxi dentro de la isla de Mallorca “excepto en casos justificados” que no concreta el reglamento. Asimismo, “se dará prioridad a los vehículos oficiales o al transporte público” en los desplazamientos de los cargos políticos o personal de confianza por la isla. El nuevo reglamento añade además que los gastos de transporte por motivos institucionales “deben ser reembolsados siempre que se justifiquen formalmente” y establece que si se usa el vehículo propio, “se compensará de acuerdo con la normativa autonómica de indemnizaciones a los empleados públicos”.
La entrada en vigor de este nuevo reglamento se produce casi un año después del escándalo que protagonizó el exregidor de Turismo Juan Mateu Gual, destituido de forma fulminante después de haber constatado el Ayuntamiento gastos “desorbitados” que habrían alcanzado los 18.000 euros en comidas y los 6.000 euros en taxis. También se investigaron facturas sin justificar en hoteles.
Este episodio provocó una crisis en el equipo de gobierno formado por PP, Vox y UxA. En un pleno celebrado en marzo, la alcaldesa Fina Linares (PP) y el regidor destituido se dedicaron graves acusaciones en público. Mateu Gual aseguró que todas las facturas habían sido “justificadas y fiscalizadas”, mientras que la alcaldesa le acusó de “individualista” y de dañar las relaciones del Ayuntamiento con las entidades turísticas. Posteriormente, el exresponsable de Turismo se dio de baja de Vox, arrastrando a la también regidora Margarita Ferriol, sin dejar las actas, dejando al partido ultraderechista con un único representante en el pleno.
Declaraciones de patrimonio
El nuevo reglamento que ya es de aplicación insta al personal municipal a “no obtener ningún privilegio o ventaja injustificada, beneficiándose de su condición” y a dedicarse al servicio público “cumpliendo fielmente el régimen de incompatibilidades y de abstención”, así como “actuar con la diligencia debida y llevar a cabo una gestión eficiente y austera de los recursos públicos”.
Otro apartado de la nueva normativa hace referencia a las incompatibilidades y declaraciones de patrimonio, actividades e intereses que deben realizar los cargos electos y el personal eventual en base a la ley reguladora de las bases del régimen local y a la ley de creación del Registro de Transparencia y Control del Patrimonio y de las Actividades de los cargos públicos.
El código será entregado a los nuevos concejales en el momento de asumir el cargo y obliga tanto a los cargos políticos como al personal eventual a firmar una declaración de adhesión que será publicada en la sede electrónica del Ayuntamiento.
Asimismo, el reglamento permite que cualquier persona pueda denunciar los incumplimientos del reglamento y garantiza confidencialidad y protección a los denunciantes.
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