Los fondeos ilegales y el abandono de barcas ganan terreno en el Port de Pollença

Los fondeos ilegales de embarcaciones, algunas de ellas completamente abandonadas, ganan terreno en las aguas del Port de Pollença y se extienden a zonas que hasta ahora se habían mantenido al margen de este preocupante fenómeno que afecta al Moll desde hace años. Así lo ha denunciado la entidad ‘pollencina’ Arrels Marines después de inspeccionar las aguas interiores de la bahía con el objetivo de realizar un recuento y geolocalizar los fondeos ilegales, una actuación que se ha saldado con un total de catorce embarcaciones fondeadas de forma ilegal, así como una “gran multitud” de boyas que solo se utilizan en verano. La principal novedad de esta intervención realizada por Arrels Marines es dejar constancia de que los fondeos ya no solo afectan al sector del puerto que va desde el Club Nàutic hasta la Punta Avançada, sino que ya empiezan a ser habituales en el sector más meridional del Moll ‘pollencí’, comprendido entre el Club Nàutic y el humedal de la Gola.

De las catorce barcas fondeadas de forma irregular en esta zona del Port de Pollença que antes permanecía al margen del problema, al menos tres presentan un estado total de abandono, con el consecuente problema medioambiental que esta situación puede conllevar, ya que las embarcaciones se van degradando lentamente y pueden causar graves problemas de contaminación en el entorno marino en el que están ubicadas.

Fuentes de la entidad Arrels Marines explican que el objetivo del recuento realizado estos días es el de “dejar en evidencia que el problema se ha extendido a esta zona de la Gola, cuando antes estas barcas se concentraban en el otro lado de la bahía”. El número de embarcaciones fondeadas de forma ilegal, es decir, amarradas a muertos no regulados, es mucho mayor si también se incluye la zona de la playa de Albercutx que, en esta ocasión, no ha formado parte de la actuación de esta entidad conservacionista. En verano, este sector del puerto ubicado más al norte puede concentrar hasta 300 embarcaciones fondeadas.

Arrels Marines ha enviado los resultados de su recuento al Ayuntamiento de Pollença y no descarta formalizar una denuncia por estos fondeos ilegales y abandono de embarcaciones que tratan a la bahía de Pollença como si fuera un “vertedero”, lamentan. “Seguiremos haciendo un seguimiento de esta zona para presionar a la administración pública con el objetivo de que encuentre una solución”, añade la entidad.

El Ayuntamiento ‘pollencí’ conoce de sobras el problema. El pasado mes de octubre, la institución municipal llevó a cabo una jornada de limpieza con el objetivo de retirar algunas barcas abandonadas y otros residuos voluminosos relacionados con los fondeos ilegales de embarcaciones que históricamente afectan al dominio público marítimo-terrestre del Port de Pollença. Durante aquella jornada se detectaron tres barcas sin identificar que fueron retiradas por el Ayuntamiento ante la pasividad de sus propietarios y de las administraciones competentes, tal y como denunció en su día la institución. La operación costó unos 50.000 euros.

Actualmente, hay conversaciones en marcha entre el Ayuntamiento de Pollença y la conselleria del Mar y el Ciclo del Agua para la futura creación de una zona de boyas ecológicas en el Moll con el objetivo de regular el fondeo de las embarcaciones. No obstante, todavía no se sabe cuándo podria entrar en funcionamiento esta medida. Mientras no se implemente el control, las barcas seguirán fondeando a sus anchas en el ámbito marino del Port de Pollença, una práctica que, tal y como denunció el Consistorio, suponen un alto riesgo para la seguridad en la navegación y también para los bañistas, además de contribuir a agravar la contaminación de la bahía, una zona sensible y protegida mediante la figura de Lugar de Interés Comunitario (LIC).

La retirada de embarcaciones abandonadas no es ágil ni fácil desde el punto de vista administrativo. Cabe recordar que en 2023 se hundió un barco abandonado en el centro de la bahía y solo fue retirado después de cinco meses por parte de Ports -IB, ya que ninguna institución quería hacerse cargo de la operación.

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