Lletra menuda
El consentimiento de la propiedad usurpada
Vista general de la finca de Bàlitx d'Enmig, cuando se iniciaron los movimientos de tierra. / Diario de Mallorca
La apropiación privada de caminos públicos y la apatía municipal por restituir su uso colectivo se han convertido ya en una constante en Mallorca. El fenómeno es también una nueva expresión del cambio de propiedad y usos de las possessions. De gran explotación agraria y ganadera en manos de familias tradicionales a grandes parques preferentemente recreativos de disfrute exclusivo para extranjeros y alguna fortuna local de nuevo cuño.
Antes era una alegría, una oportunidad de socializar y de practicar la hospitalidad el que los caminos lindaran con las casas de la possessió. Hoy, pese a mantener su condición de vía pública, las nuevas propiedades los interpretan como un estorbo o una invasión. Las malas prácticas de quienes no saben convivir con el medio rural ni respetar la privacidad también contribuyen a alimentar la desviación de conceptos. En estas condiciones, las peticiones de cambio de trazado o de permuta de terrenos públicos por privados se han vuelto habituales. También hay quien se decide a poner barrera y candado por su cuenta sin esperar resolución administrativa. De ahí que también hayan surgido movimientos cívicos reivindicativos de los caminos públicos y los derechos de paso consolidados.
Todo empezó a cambiar el día que la serena indignación se decidió a saltar las vallas de Es Fangar de Manacor, ahora otra vez en venta. El caso de Bàlitx es también particularmente significativo porque afecta a la misma columna vertebral de la serra de Tramuntana y la movilidad ancestral de la necesidad rural primero y excursionista después. Pero las distintas ramas de la familia March siguen irreductibles en sus tesis: los caminos que atraviesan sus fincas son suyos y en todo caso el paso por ellos es una gracia que se otorga a gusto, simpatía o conveniencia. En Bàlitx d’Enmig también han encontrado la complicidad del ayuntamiento de Sóller. La ADT aplica al consistorio una multa inicial de 600 euros al mes por no restituir el camino primitivo. Los vecinos que no pueden pasar acaban pagando la sanción por vetarles el paso. Es la valla municipal.
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