Medio Ambiente
El GOB denuncia el intento de "privatizar" la costa de Cala Castell
La entidad ecologista reclama la demolición y retirada de todas las obras existentes en esta zona del litoral de Pollença que la familia March ha solicitado legalizar
Una imagen de la playa de Cala Castell, en la costa de Pollença. / DM
El GOB ha presentado alegaciones contra la solicitud de concesión administrativa presentada por la empresa Menani SA, representante de la familia March, propietaria de la finca de Ternelles, para legalizar una terraza, una caseta guarda-bots y una escalera en Cala Castell (Pollença), a raíz del anuncio aparecido en el boletín oficial del pasado 16 de octubre de 2025. La entidad ecologista alerta de que estas obras "ya existen y provienen de antiguas concesiones extinguidas hace casi treinta años, lo que obliga legalmente a retirarlas del dominio público marítimo-terrestre (DPMT)".
La organización explica que, según la Ley de Costas y su Reglamento, una vez finaliza una concesión, "la Administración debe decidir si mantiene o derriba las instalaciones". En este caso, "no consta ninguna decisión administrativa, lo que implica, por imperativo legal, que debía optar por su eliminación, por tanto, no se puede tramitar ninguna nueva concesión sobre unas obras que debían haber sido retiradas".
El GOB también denuncia que la tramitación de esta concesión incumple el principio de concurrencia pública, puesto que la Ley obliga a convocar un concurso cuando se pretende autorizar el uso privativo del DPMT. "Esta obligación ha sido confirmada reiteradamente por la jurisprudencia, incluida una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de 2021", subraya la entidad conservacionista.
Montaje elaborado por el GOB sobre las diferentes construcciones ubicadas en Cala Castell que se pretenden legalizar. / GOB
Además, añade, "las instalaciones existentes no cumplen la Ley de Costas, puesto que no son necesarias para ningún uso que requiera estar en dominio público y constituyen una privatización injustificada del litoral". "También vulneran la normativa ambiental y urbanística, dado que se ubican en una Zona de Exclusión del PORN de la Sierra de Tramuntana, donde cualquier edificación o uso residencial/lucrativo está absolutamente prohibido", señala el GOB.
El proyecto presenta además "graves defectos técnicos", como "el uso de planos obsoletos, incoherencias cartográficas y la inclusión de una segunda casita que nunca había sido autorizada". Las obras generan un "impacto paisajístico severo", además de "representar una privatización injustificada del litoral e incumplir la normativa urbanística del PGOU de Pollença y el Plan Territorial de Mallorca". El GOB constata que "también es falso que las casitas tengan valor patrimonial alguno, ya que no disponen de ninguna declaración BIC y están construidas con materiales modernos".
Por todo ello, el GOB reclama que no se otorgue la concesión solicitada por Menani S.A y que se proceda a la demolición y retirada de todas las obras existentes en el DPMT y en sus servidumbres para volver al estado natural del litoral, ya que "la costa es un bien público que debe ser preservado para el disfrute de todos".
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