La exalcaldesa de Petra confiesa que autorizó el pago a plazos de la multa a su marido que después prescribió

La exalcaldesa de Petra, Caterina Mas, reconoció ayer ante el tribunal de la Audiencia que la está juzgando, que ella firmó el documento oficial por el que el Ayuntamiento aprobaba un pago aplazado que debía abonar su marido por unas obras ilegales, que finalmente no llegó a cumplir al permitir el consistorio que la sanción prescribiera. El juicio contra Caterina Mas quedó ayer visto para sentencia. La fiscalía no acusa, pero sí lo hace el ayuntamiento de Petra, a través del abogado Gaspar Oliver, que le reclama una pena de tres años de prisión, más una indemnización de 90.000 euros, por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos.

La política nacionalista fue la última en declarar. Antes lo hicieron varios testigos, entre los que destacó una mujer, a la que también le impusieron una multa económica por una construcción ilegal que había realizado su marido, ya fallecido. La vecina de Petra explicó que la alcaldesa la llamó para que acudiera al ayuntamiento. “Me dijo que debía una multa de 90 mil euros, pero reconoció que era muy alta y me la rebajaron a la mitad”. La mujer no tenía dinero para abonar la sanción, pero empezó a recibir la presión del propio ayuntamiento. “La alcaldesa me llamó varias veces por teléfono a mi casa para recordarme que si no pagaba los intereses la multa sería más alta. Le dije que no podía pagarla, pero me sugirió que vendiera la casa que había heredado de mi casa”. Esta infracción urbanística se tramitó casi diez años después de la realización de las obras y a la mujer le llegaron a embargar la pensión. “A mi nunca me ofrecieron un pago a plazos”, señaló.

Caterina Mas, en su declaración, negó esta persecución contra esta mujer y señaló que había sido la vecina la que había acudido al ayuntamiento a preguntar por la sanción, pero que era incierto que ella presionara a los infractores por teléfono para que pagaran.

La política explicó que ella era concejal cuando se enteró “por la prensa” que la oposición había denunciado que su marido había realizado una obra ilegal. Se trataba de la ampliación del almacén de una ferretería. “Yo no sabía nada de los negocios de mi esposo. Discutí una sola vez con él sobre este tema, pero no volvimos a hablar más de ello para no pelearnos”. La nacionalista reconoció que en el Pleno municipal la oposición pidió su dimisión, pero ella se negó porque “no iba a dimitir por una infracción que había cometido mi marido”.

Esta obra ilegal se realizó cuando la política era solo concejal, pero cuando asumió la alcaldía todavía no se había pagado y el ayuntamiento no hizo ningún requerimiento para conseguir el pago. Caterina Mas reconoció la firma de un documento en el se aprueba un plan de pago a plazos de la sanción, pero dijo que la rúbrica no la había puesta ella sobre el papel, pero no pudo aclarar quién lo hizo. A pesar de ello, aseguró que no dio órdenes a los funcionarios de que dejaran que la multa urbanística prescribiera, ni tampoco el secretario, al que acusó directamente de la irregularidad, “me advirtió que los pagos de la sanción no se estaban abonando”. La política también se desentendió de que, mientras que la sanción impuesta al constructor de la obra se trasladó a la Agencia Tributaria para conseguir el pago, la tramitación de la sanción a su marido la asumió el propio ayuntamiento, pese a que la cuantía era idéntica.

La fiscalía no solo no considera que la actuación de la exalcaldesa de Petra no fue delictiva, sino que calificó la denuncia de “política”. Una acusación que rechazó el abogado del Ayuntamiento, recordando que durante toda la tramitación de este caso el fiscal impulsó la acusación, aunque cambió de opinión en el momento previo al juicio. “No es un tema político, es un tema de responsabilidad personal. Este caso huele muy mal”, señaló Oliver, que hizo hincapié en la diferencia de trato que dispensó el Ayuntamiento de Petra al marido de la alcaldesa con respecto al constructor de la obra ilegal, quién sí tuvo que abonar la multa en su totalidad. También cuestionó la acusación que, precisamente, en este expediente se aprobara un pago a plazos, cuando no existía ningún caso parecido y acusó directamente a la entonces alcaldesa de maniobrar para que finalmente la sanción que debía pagar su marido prescribiera y no se pudiera cobrar. “El plan de pago se aprobó para que la multa prescribiera”, señaló el abogado.

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