Acusan a la exalcaldesa de Petra de propiciar que una multa a su marido prescribiera

La exalcaldesa de Petra, Caterina Mas, del partido Més, se sentó ayer en el banquillo de los acusados en un juicio que inició el tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma. Aunque la fiscalía no acusa, sí lo hace el propio ayuntamiento, a través de su alcalde, que la acusa de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación, y le reclama una condena de cuatro años y medio. La acusación particular la representa el abogado Gaspar Oliver, que mantiene que la exalcaldesa dejó prescribir una multa de 58.000 euros, que el propio ayuntamiento había impuesto a su marido por una construcción ilegal. Caterina Mas declarará esta mañana en la segunda sesión del juicio.

El que también fue alcalde de Petra por el PP, Martí Sansaloni, quien presentó esta denuncia en el juzgado, explicó que al poco de hacerse cargo del ayuntamiento recibió un escrito de Hacienda para que reclamara una multa de 58.000 euros, al tiempo que también se reconocía que esta sanción ya estaba prescrita, pues habían pasado más de dos años para poder reclamar el pago. El alcalde reunió toda la documentación sobre esta sanción y detectó decisiones que le parecieron extrañas. Una de ellos es que el Ayuntamiento aprobaba un calendario de pago a favor del marido de Caterina Mas, cuando no existía ningún precedente anterior con ningún otro infractor. También se detectó que, mientras que a la tramitación de la multa al constructor de la obra se había realizado directamente con la Agencia Tributaria, en cambio con la del marido de la alcaldesa la obligación de pago la había asumido el ayuntamiento. Sansaloni también cuestionó que durante la tramitación del expediente sancionador, el propio ayuntamiento rebajó el valor de las obras ilegales, y por tanto también el de la sanción, rechazando el precio de la construcción que había calculado el arquitecto municipal. El político del PP explicó que ello se debe a que cuando el valor de la obra ilegal es superior a los 150 mil euros y la sanción es superior a los 60 mil euros, es el Consell Insular el que se encarga de cobrar la multa. Sin embargo, cuando la multa no alcanza esta cifra esta tarea la realiza el propio ayuntamiento. Sansaloni insistió en que el no poder cobrar esta sanción supuso un duro golpe para la economía del propio consistorio.

El secretario del Ayuntamiento criticó la falta de rigor interno dentro del consistorio y explicó que la obligación era exigir el pago de la multa antes de los dos años para evitar precisamente la prescripción de la sanción, como ocurrió en este caso. El letrado explicó que no es normal, aunque no lo prohíba explícitamente la ley, que el ayuntamiento apruebe un calendario de pagos, ya que las multas urbanísticas se deben abonar en su totalidad. Explicó que la responsabilidad para exigir estos pagos debía ser del tesorero del ayuntamiento, cuya función recaía, no en un funcionario, sino en un político. “El control de los expedientes urbanísticos en Petra era un caos”, señaló el secretario, que explicó que cualquier concejal podía ser nombrado instructor de estas tramitaciones. El técnico también cuestionó que el Ayuntamiento, a través de un político, realizara una valoración a la baja de las obras ilegales que había realizado el marido de la alcaldesa, porque de esta forma no se respetaba el trabajo previo que había realizado el arquitecto municipal. Explicó que él mismo advirtió de la lentitud del expediente sancionador al familiar de Caterina Mas.

El marido de la alcaldesa nacionalista confirmó que, en efecto, la ferretería que posee junto a un socio, realizó unas obras ilegales, que consistieron en levantar una construcción en un solar rústico. Se quejó de que, mientras que a otros vecinos se les permitió realizar obras ilegales, a él se le persiguió y se le sancionó, si bien aseguró que fue su socio el que se encargó de controlar este tema, le iba facilitando una puntual información. Negó que su mujer hubiera intervenido en el tema, entre otras cosas porque la alcaldesa le cuestionaba que hubiera realizado una construcción ilegal. “Como no estábamos deacuerdo, para no pelearnos solo hablamos una sola vez del tema”. El esposo detalló que en un momento determinado no se pudo abonar los plazos de la multa porque el negocio entró en quiebra, en plena crisis económica, pero en un momento determinado su abogado le comunicó que la sanción estaba prescrita y no había que abonarla. El marido negó cualquier tipo de intervención de su esposa en el proceso de cobro, afirmación que coincide con la postura de la fiscalía, que mantiene que no hay pruebas de que la entonces alcaldesa de Petra tuviera atribuciones en la tramitación del pago de estas sanciones urbanísticas.

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