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Movilidad

Vecinos de Llucmajor y Campos reclaman eliminar los tramos del proyecto del tren que afectan a sus parcelas

La asociación de Defensa del Ciudadano contra el Abuso (DECA) lamenta que el itinerario planteado afecte a parcelas privadas, con el consiguiente perjuicio para los propietarios de estos terrenos

Los vecinos llevan meses movilizándose contra el actual trazado

Los vecinos llevan meses movilizándose contra el actual trazado / T.Tous

Teresa Tous

La asociación DECA (Defensa del Ciudadano Contra el Abuso), que ya reúne a 102 personas, exige que se eliminen del proyecto del tren Palma–Campos los tramos que afectan a fincas de Llucmajor y Campos. Según explica Juan Gil, fundador de la entidad, el estudio actual contempla un trazado que atraviesa parcelas privadas, lo que impide a los propietarios invertir, vender o continuar con sus proyectos agrícolas, como las plantaciones de olivos ya existentes en la zona.

Desde la asociación denuncian que la versión oficial (según la cual el tren seguiría el antiguo trazado del ferrocarril de Migjorn por caminos rurales) no se corresponde con la realidad, ya que el estudio vigente plantea que varias propiedades queden partidas por la mitad.

Asimismo, los vecinos critican que las administraciones hayan optado por el recorrido peor valorado por los técnicos. Este desvío encierra más de 5 millones de metros cuadrados entre la vía y la MA-19, lo que perjudica a numerosos residentes. En contraste, el proyecto inicial del tren Llucmajor–Campos proponía un trazado paralelo al norte de la MA-19, una opción que la mayoría de vecinos veía con mejores ojos porque “no les perjudicaba tanto”.

Según explican, tuvieron constancia del proyecto en mayo de 2025, cuando la información apareció en los medios. Desde entonces llevan cuatro meses esperando una reunión con la Dirección General de Movilidad, tanto para conocer el estado de las segundas alegaciones como para aclarar los motivos del cambio de trazado, del cual aseguran no haber recibido ninguna explicación.

También señalan que solicitaron una cita hace más de tres meses para saber qué previsiones maneja la administración. Consideran que la falta de respuestas genera incertidumbre sobre el futuro de sus terrenos, que podrían quedar bloqueados durante años

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