El exjefe de la Policía de Capdepera alega la prescripción del acoso laboral que se le imputa

El tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia de Palma retomó ayer el caso del exjefe de la Policía Local de Capdepera, que está acusado de cometer un presunto delito de acoso laboral contra un subordinado.

Esta vista ya se inició hace varios meses, pero todo lo actuado fue declarado nulo porque uno de los magistrados que formaban Sala descubrió, ya iniciado el juicio, que ya había intervenido en la fase de instrucción. Ante esta circunstancia el juicio se suspendió y se decidió aplazarlo a otra fecha, con otra composición de magistrados.

Por esta razón en la mañana de ayer el tribunal volvió a convocar a las partes implicadas en este proceso, ante la posibilidad de que el acusado pudiera conformarse y ello evitaría la celebración de la vista. Sin embargo, el exjefe de la Policía Local mantiene que es inocente y por lo tanto se negó a llegar a un acuerdo con la acusación, tanto la que ejerce la fiscalía, como la particular que representa al subinspector que le acusa. En esta vista preliminar el abogado defensor volvió a sostener, como hizo en la primera sesión, que los hechos habrían prescrito. Esta interpretación ha sido rechazada por las acusaciones. El tribunal no se ha pronunciado sobre esta petición de la defensa y ha señalado fecha para la celebración del juicio.

En la declaración que realizó en su momento el denunciante aseguró que el acusado le obligó, después de darse de alta tras superar una baja médica, a trabajar en la zona de Canyamel, una decisión que interpretó como un castigo.

El denunciante explicó que cuando volvió al cuartel, al intentar abrir la puerta de su despacho, descubrió que la llave no abría. Se había aprovechado su espacio para convertir este espacio en la sala de atestados. El subinspector también contó que su jefe no le dio ninguna responsabilidad, ni tarea concreta, y que incluso le privó de la clave informática para poder acceder al ordenador con el que se confeccionaban los atestados policiales.

El exjefe de la Policía Local de Capdepera, en su primera declaración, defendió su inocencia y aseguró que la decisión de trasladar a Canyamel a su subordinado no fue suya, sino que la tomó el entonces alcalde.

La fiscalía imputa a este funcionario policial un delito continuado de coacciones y le reclama una condena de dos años y tres meses de prisión. El denunciante mantiene que este acoso laboral se mantuvo entre los años 2006 a 2020

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