Desahucian a una madre con dos hijos de su vivienda de Porto Cristo

Este viernes a mediodía se ha ejecutado el desahucio de una mujer que vivía junto a sus dos hijos discapacitados en una planta baja de la calle d’en Sureda de Porto Cristo. Según explican fuentes de la plataforma Stop Desnonaments de Mallorca, la casa donde residían había sido denunciada por un vecino que argumentó que se trataba de un local y no una vivienda, aunque los inquilinos no habían sido notificados de esta denuncia.

Además, el contrato que se firmó era de un año prorrogable a cinco, “a pesar de que la ley indica que deben ser siete años cuando el arrendador es una persona jurídica”, destaca la plataforma. Después de cinco años, el arrendador reclamó la vivienda y a partir de entonces “no arreglaba nada, ni las humedades ni otros problemas de la vivienda”. Por otra parte, el contrato había sido firmado por la expareja de la inquilina, que tiene una orden de alejamiento para proteger a la madre y los dos hijos. Todo se agravó porque, según explica la plataforma, esta mujer no entendió la demanda que instaba al desahucio debido a su situación de víctima de violencia doméstica y al acoso del propietario del local. Tampoco entendió las fechas del desahucio y el juicio. “Pensaba ir al juicio sin abogado y sin saber que sería desahuciada antes del juicio por no haber pedido abogado de oficio en los tres primeros días después de haber recibido la demanda”.

La plataforma añade que el departamento de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Manacor “ha hecho un intento en el juzgado” para parar el desahucio con el argumento de que deben iniciar el proceso para estudiar la vulnerabilidad de esta familia, pero “el juzgado no ha hecho caso” a esta reclamación, lamenta el colectivo que lucha por los derechos de las personas desahuciadas, que denuncia además que el propietario del inmueble “tiene más de diez viviendas”, un dato que habría “ocultado” en la certificación adjunta a la demanda. También sospechan de la posible “falsificación” de un documento registral por parte de este propietario.

Por otra parte, la plataforma denuncia que la mujer y los dos hijos desahuciados están en situación de “indefensión”, algo que este colectivo estudia denunciar ante la comisión del Congreso que vigila el cumplimiento de la carta de los derechos del ciudadano ante la administración de justicia, ya que asegura que este viernes por la mañana los funcionarios judiciales del juzgado de primera instancia número 3 de Manacor han renunciado a leer el escrito que había presentado la mujer afectada, que previamente lo había remitido al correo electrónico del juzgado. No obstante, la dirección electrónica ha cambiado y por ello no se había recibido el escrito ni ha podido ser recuperado por el juzgado.

En este escrito, la mujer afectada explica que el local en el que vive “está habilitado como vivienda” y que tras la denuncia recibida por Urbanismo del Ayuntamiento de Manacor ella no ha podido acceder al expediente porque no había sido notificada. También explica que debido a su situación de víctima de violencia por parte de su expareja ha perdido el trabajo y no está “en condiciones de saber” cómo defenderse ni entender los documentos. Asegura que no se dio cuenta de que la fecha del juicio era posterior a la del desahucio y que la cita que finalmente concertó con un abogado de oficio era posterior al desahucio programado para este 21 de noviembre.

Por ello, la mujer solicita la nulidad retroactiva del procedimiento debido a su “circunstancia extraordinaria y excepcional por la situación de violencia y acoso sufrida” o, en su defecto, la “suspensión del procedimiento” para proceder a abrir la pieza de vulnerabilidad prevista por la ley, con el objetivo de “tener tiempo de aportar la documentación necesaria y de que los servicios sociales presenten el informe que han empezado a elaborar y poder acreditar que estamos en situación de vulnerabilidad económica y social”.

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