Las máquinas entran en sa Pedruscada de Capdepera para ejecutar la urbanización

El GOB denuncia que los movimientos de tierra han empezado a pesar del recurso presentado por la entidad y la plataforma vecinal para reclamar la nulidad del proyecto urbanístico aprobado

Máquinas en la parcela de sa Pedruscada, en una imagen difundida este jueves por el GOB. / GOB

Capdepera31 OCT 2025 6:00

Las máquinas excavadoras han entrado en la parcela de sa Pedruscada (Capdepera) sin esperar la resolución judicial del recurso contencioso que habían presentado el pasado mes de junio el GOB y la Associació Salvem sa Pedruscada para reclamar la nulidad del proyecto urbanístico aprobado. Por este motivo, la entidad ecologista ha denunciado este jueves la entrada de las máquinas para ejecutar los primeros movimientos de tierra y, supuestamente, iniciar el controvertido proyecto que pretende realizarse en esta zona, consistente en la construcción de 78 viviendas.

El GOB y la plataforma vecinal presentaron un recurso ante el juzgado de lo Contencioso Administrativo de Palma para impugnar el acuerdo adoptado el pasado 24 de marzo por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Capdepera que desestimaba el recurso de reposición contra la aprobación definitiva del proyecto de reparcelación de la UA-11.

El recurso judicial daba continuidad a las alegaciones formuladas en fase de información pública de diciembre de 2024 en las que las organizaciones advertían de "graves irregularidades" urbanísticas y jurídicas del proyecto. El Ayuntamiento desestimó el pasado febrero las alegaciones presentadas por la asociación Salvem sa Pedruscada y aprobó definitivamente el proyecto para construir el complejo urbanístico.

Los movimientos de tierra ya se ejecutan en el interior de la parcela. / GOB

Según el GOB y la asociación vecinal, no hay un instrumento de planeamiento urbanístico adecuado que legitime la transformación del suelo y la construcción de 78 viviendas y, además, "se incumple la normativa urbanística y ambiental, en especial por la falta de evaluación ambiental, memoria de sostenibilidad económica e informe de disponibilidad de recursos hídricos".

Ambas entidades consideran que la operación mediante la que se "legitima" la actuación urbanística en base aun proyecto aprobado en el año 2014 "constituye un fraude" de ley urbanística que "esconde bajo una falsa apariencia de legalidad una operación especulativa que vulnera el principio de legalidad y el interés público".

"La zona no dispone de los servicios urbanísticos básicos y ha sido tradicionalmente considerada como suelo rústico", denunciaron en su día, lo que impediría cualquier transformación urbanística sin el cumplimiento previo de los requisitos establecidos por la normativa urbanística autonómica y estatal.