Los productores ecológicos de Balears ante la nueva ley agraria: “La norma debería blindar el suelo agrario”

Los productores ecológicos de Baleares lamentan que la nueva Ley Agraria que tramita el Govern no diseñe una estrategia integral para garantizar el futuro del sector. Critican que la normativa no defina un modelo agrario claro para las islas y consideran imprescindible que establezca una estrategia coherente para orientar las políticas públicas agrarias. De hecho, las asociaciones APAEMA, APAEM y APAEF mantienen que la normativa en tramitación “solo aporta soluciones puntuales a un sector agrario muy deteriorado”. Uno de los puntos que lleva a las entidades que agrupan a cerca de 500 operadores a alzar la voz y presentar alegaciones es que “en el nuevo redactado la producción ecológica pierde la condición de estratégica, a pesar de contar con tres veces más profesionales que la agricultura convencional, contradiciendo las directrices europeas que la sitúan como objetivo central”. Por ello, reclaman que se recupere esa consideración, que se le otorguen más recursos y que se prohíban los cultivos transgénicos en las islas.

Asimismo, las tres entidades subrayan que la propuesta no afronta el problema central del campo: la constante ocupación del suelo rústico por actividades ajenas a la agricultura. Al contrario, alertan que algunas medidas podrían “agravar la situación, eliminando figuras de protección y permitiendo nuevas construcciones que ponen en riesgo el territorio”. “Defendemos que la ley debería blindar el suelo agrario, detener definitivamente las edificaciones e infraestructuras no vinculadas a la actividad productiva y establecer mecanismos de compensación para que cada metro cuadrado de tierra perdido se recupere en otro espacio cultivable”, aseguran los productores ecológicos.

Relevo generacional

Otro de los aspectos criticados es que en la norma echan en falta medidas concretas y efectivas para afrontar la falta de relevo generacional, la profesionalización y el acceso a la tierra, tres de los principales retos del sector. “Aunque se reconocen estos problemas, el texto no establece cómo deben abordarse ni cómo se pueden transformar las explotaciones no profesionales en proyectos prioritarios”, razonan.

Además, reclaman que la nueva Ley determine que el 50% del Impuesto de Turismo Sostenible se destine al sector agrario como “preservador del territorio”. También critican la falta de un plan específico sobre cambio climático. Consideran que el texto no protege al sector ante fenómenos extremos ni fomenta su adaptación a las nuevas condiciones. Reclaman así una estrategia agraria de adaptación climática y de innovación orientada a variedades y razas locales resistentes. Además, proponen que la ley tenga en cuenta las características particulares de zonas específicas como la Serra de Tramuntana, el Migjorn o el Llevant de Mallorca para aplicar condiciones diferenciadas según su realidad territorial.

Finalmente, las asociaciones de productores ecológicos reclaman participar formalmente en los órganos de decisión agraria y que se convoquen elecciones en el campo para determinar la representatividad del sector. Denuncian que el anteproyecto elimina estas opciones y centraliza el poder en el conseller, lo que consideran “un retroceso democrático”.

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