Planta de baterías de litio de Pollença: la permanente contestación vecinal

A estas alturas de la sobreexplotación, ya resulta imposible promover una infraestructura de cierta envergadura, sea pública o privada, sin que se genere un movimiento de rechazo y contestación social porque, cuando no se teme por la destrucción de territorio, la inquietud surge ante posibles daños medioambientales, patrimoniales o exageración de medios, eso si no lo hace por todo a la vez.

Buen número de parques fotovoltaicos, la extensiones del tren a Llucmajor y Alcúdia, los intentos de macrogranjas de gallinas, el segundo cable eléctrico, la sustitución de la escuela de Es Putxet de Selva y ahora una posible planta de baterías de litio en Pollença. Todos estos asuntos son ahora mismo objeto de contestación o rechazo por parte de quienes se consideran perjudicados por ellos o militan en convicciones diferentes, todo lo cual debería ser objeto de profunda reflexión y análisis en el Govern, el Parlament, el Consell y determinados ayuntamientos. Nada de eso ocurre porque, como está demostrado, la política, que no es otra cosa que práctica o ausencia de la gestión pública, transcurre en este archipiélago por derroteros nada edificantes de descalificación, mala educación y anulación del adversario. La gente lo ha percibido, se indigna, protesta y llega a organizarse para contrarrestar lo que considera perjudicial.

En el último caso que ha trascendido, el del proyecto de planta de baterías de litio en Llenaire de Pollença, se alienta la presentación de alegaciones a contrarreloj porque el plazo finaliza a mediados de noviembre. El alcalde, Martí March, se posiciona del lado de quienes también recogen firmas en contra de este proyecto de matriz sevillana denominado Jilguero STL. El nombre se las trae porque a los afectados potenciales, lo que se ven venir encima, no les canta igual que el alegre pájaro colorista. Les suena más bien a contaminación del suelo, toxicidad en los pozos, riesgo de inundaciones y la proximidad de un torrente de Sant Jordi más vulnerable. La opacidad del trámite tampoco genera confianza.

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