El GOB exige la clausura del botel Alcudiamar porque la sentencia judicial "ya es firme"

El GOB ha reclamado este martes la clausura del botel Alcudiamar después de que el Tribunal Supremo ha inadmitido a trámite el recurso de casación presentado por la empresa Alcudiamar, S.L., confirmando así "de forma definitiva y firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares (TSJIB) que deja sin efecto la autorización turística concedida en 2003 al hotel-botel situado en el puerto deportivo de Alcúdia", apunta la entidad ecologista.

Esta decisión del Supremo, recogida en providencia de 15 de octubre de 2025, "supone el cierre jurídico de un largo proceso judicial iniciado por el GOB Mallorca para denunciar la explotación turística irregular de un establecimiento construido en dominio público portuario, destinado exclusivamente a usos náuticos", añade la organización.

La sentencia del TSJIB, ya firme, "establece de forma clara que la actividad hotelera desarrollada en Alcudiamar es contraria a la legalidad urbanística y turística y que la autorización concedida en su momento no puede mantenerse vigente"·. La orden de ejecución dictada por el tribunal "requería la clausura inmediata de la actividad" y la retirada de cualquier efecto jurídico de la autorización anulada.

Sin embargo, el GOB constató que el establecimiento continúa abierto y funcionando como si nada hubiera pasado, lo que supone un "incumplimiento flagrante de una sentencia firme". Ante esta situación, el pasado 17 de octubre el GOB ha presentado un nuevo escrito ante el TSJIB solicitando que se inste el Consell de Mallorca y la mercantil Alcudiamar, S.L. a proceder de inmediato al cierre y precinto de las instalaciones, "sin más dilaciones".

El GOB recuerda que la efectiva ejecución de las sentencias "es una obligación básica del Estado de derecho, y que la pasividad administrativa en estos casos erosiona la confianza ciudadana en la justicia y en las instituciones públicas". "No es admisible que un establecimiento declarado ilegal siga operando impunemente en el dominio público marítimo-terrestre", añade la entidad ecologista.

A su entender, este caso ejemplifica los "efectos perversos de la permisividad institucional con las actividades ilegales en el litoral" y pone de manifiesto la "necesidad de un cambio de criterio profundo en la gestión portuaria y turística". Los espacios públicos, especialmente los de la costa, deben servir al interés general y no a la explotación privada al margen de la ley, añade.

Por todo ello, el GOB exige al Consell de Mallorca y a la Administración portuaria competente que actúen con la "máxima celeridad" para hacer efectiva la clausura y restablecer la legalidad. "Igualmente, reclamamos que se revisen todas las concesiones portuarias en las que se hayan producido desviaciones similares de uso".

"Esta resolución del Tribunal Supremo es una victoria por la defensa del territorio y del dominio público, y refuerza el principio de que ningún privilegio empresarial puede estar por encima de la ley y de la protección ambiental y territorial", concluye el GOB.